La reciente sentencia n.º 37438 del 25 de mayo de 2023, publicada el 13 de septiembre de 2023, ofrece una importante reflexión sobre las dinámicas de la renuncia al mandato de defensa en el proceso penal. La Corte de Casación ha establecido que, en caso de renuncia por parte del defensor de confianza, el juez está obligado a nombrar un defensor de oficio al imputado, bajo pena de nulidad del proceso. Este principio se basa en la tutela del derecho de defensa, que debe ser garantizado en cada fase del procedimiento.
Según la máxima de la sentencia, "Renuncia al mandato de defensa - Nombramiento de un defensor de oficio - Omisión - Consecuencias - Nulidad - Equiparación del nombramiento en audiencia de un defensor inmediatamente localizable a tenor del art. 97, apartado 4, del código de procedimiento penal - Exclusión - Razones", la renuncia del defensor no puede considerarse una simple formalidad. De hecho, comporta la obligación para el juez de proceder a la brevedad al nombramiento de un defensor de oficio, para que el imputado no quede privado de asistencia legal. La ausencia de un defensor de confianza, sin una intervención adecuada del juez, podría comprometer drásticamente el derecho de defensa del imputado.
Un punto crucial de la sentencia se refiere a la distinción entre el nombramiento de un defensor de oficio y el de un defensor temporal, localizado en audiencia. La Corte ha aclarado que la designación de un defensor temporal, a tenor del art. 97, apartado 4, del código de procedimiento penal, no puede considerarse equiparable a un nombramiento permanente. Esta distinción es fundamental para garantizar la efectividad del derecho de defensa, el cual no puede limitarse a una solución episódica y temporal.
La sentencia n.º 37438 de 2023 representa un paso significativo en la garantía del derecho de defensa en el proceso penal. Subraya cómo la renuncia al mandato de defensa no puede ser tratada a la ligera, sino que requiere una reacción inmediata por parte del juez. El nombramiento de un defensor de oficio es esencial para asegurar que el imputado pueda ejercer sus derechos de manera adecuada y continuada. Por lo tanto, la Corte de Casación ha confirmado la centralidad del derecho a la defensa como pilar fundamental del sistema jurídico español.