La sentencia n.º 21640 del 2 de marzo de 2023, emitida por la Corte de Casación, representa un importante punto de referencia para la comprensión de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por los sujetos apicales. En particular, la Corte ha subrayado la importancia de un modelo de organización y gestión adecuado, destacando cómo la evaluación de dicho modelo debe realizarse a través de un análisis concreto y no meramente teórico.
Según el Decreto Legislativo 231/2001, las personas jurídicas pueden ser consideradas responsables por delitos cometidos por sus representantes apicales, a condición de que no demuestren haber adoptado un modelo de organización idóneo para prevenir tales ilícitos. La sentencia en cuestión aclara que el juez debe adoptar un criterio de "pronóstico póstumo", es decir, debe situarse idealmente en el momento en que se cometió el delito y evaluar si el modelo organizativo, tal como fue implementado, podría haber evitado o reducido el riesgo de comisión de delitos similares.
Responsabilidad penal de las entidades - Hecho de los apicales - Modelo de organización - Idoneidad - Evaluación judicial - Contenido - Base "totalizante" – Exclusión – Verificación en concreto de la adecuación del modelo – Existencia - Indicaciones.
La Corte ha especificado que no es suficiente una genérica conformidad con las reglas cautelares; es necesario que haya una verificación concreta de la adecuación del modelo adoptado. Esto significa que el juez debe constatar si el delito cometido por el sujeto apical representa el riesgo concreto que el modelo organizativo pretendía evitar. En otras palabras, se debe examinar si, en caso de respeto del modelo, el evento dañoso no se habría materializado.
La sentencia n.º 21640 de 2023 tiene importantes implicaciones prácticas para las empresas y organizaciones. Es crucial que las empresas no solo adopten modelos organizativos, sino que dichos modelos sean efectivamente implementados y monitoreados en el tiempo. Las empresas deben, por lo tanto, invertir en la formación y sensibilización de sus empleados respecto a los procedimientos internos, para garantizar que los comportamientos estén en línea con los estándares legales y con las políticas empresariales.
En resumen, la sentencia n.º 21640 de 2023 ofrece una clara guía sobre cómo las personas jurídicas pueden protegerse de responsabilidades penales a través de la adopción y la implementación de modelos organizativos eficaces. La responsabilidad no es solo una cuestión de conformidad formal, sino de implementación concreta y práctica de los modelos mismos. Es fundamental que las empresas presten atención a este aspecto para evitar sanciones y daños reputacionales.