La reciente sentencia n.º 21097 del 10 de mayo de 2023 del Tribunal de Casación ha proporcionado importantes aclaraciones sobre el cumplimiento de las obligaciones en el ámbito del delito de insolvencia fraudulenta, regulado por el artículo 641 del código penal. Esta providencia se inserta en un contexto jurídico complejo, donde la distinción entre el cumplimiento de la obligación y la indemnización por daños y perjuicios juega un papel crucial en la defensa de los acusados.
El Tribunal anuló, sin reenvío, una decisión de la Corte de Apelación de Palermo, reiterando que el cumplimiento íntegro de la obligación que extingue el delito debe realizarse antes de la condena definitiva. Sin embargo, se aclaró que dicho cumplimiento puede tener lugar incluso después de las sentencias de primer o segundo grado, hasta antes de la decisión sobre el recurso de casación. Esta interpretación jurídica abre nuevas posibilidades para los acusados que buscan regularizar su situación.
Cumplimiento de la obligación que extingue el delito - Plazo - Determinación. En materia de insolvencia fraudulenta, el cumplimiento íntegro de la obligación que extingue el delito, de conformidad con el art. 641, párrafo segundo, del código penal, debe ser dispuesto y recibido antes de la condena definitiva y puede, por lo tanto, realizarse incluso después de la sentencia de primer o segundo grado y hasta que no se haya decidido el recurso de casación, a diferencia de la indemnización por daños y perjuicios, idónea para integrar la atenuante de que trata el art. 62, n.º 6, del código penal, que debe intervenir "antes del juicio".
Esta máxima destaca un aspecto fundamental: mientras que el cumplimiento de la obligación puede tener lugar incluso después de una sentencia, la indemnización por daños y perjuicios debe realizarse antes del inicio del proceso. Esto significa que quien se encuentra en una situación de insolvencia fraudulenta tiene la posibilidad de remediar y evitar consecuencias penales incluso en fases posteriores al juicio de primer grado.
La sentencia n.º 21097 de 2023 representa un importante punto de referencia para la jurisprudencia italiana en materia de insolvencia fraudulenta. Aclara no solo los plazos del cumplimiento de las obligaciones penales, sino también las diferencias sustanciales respecto a la indemnización por daños y perjuicios, proporcionando así herramientas útiles para la defensa de los acusados. Esta decisión invita a reflexionar sobre la importancia de una interpretación flexible de las normas, capaz de tener en cuenta las reales posibilidades de remediar situaciones de dificultad económica sin precluir el derecho a la justicia.