La sentencia n.º 22361 del 7 de agosto de 2024, emitida por la Corte de Casación, ofrece importantes aclaraciones en materia de cesión de la quinta parte del salario, un tema de relevante interés para trabajadores y empleadores. En particular, la decisión aborda la legitimidad de la retención de sumas por parte del empleador para cubrir los costos de gestión de la cesión. Este artículo se propone analizar en detalle las implicaciones de dicha sentencia.
La cesión de la quinta parte del salario es una forma de préstamo en la que el trabajador autoriza al empleador a retener una cuota de su remuneración para reembolsar la deuda contraída. Las normativas italianas, en particular el Código Civil, disciplinan esta operación, pero la sentencia en cuestión introduce especificaciones adicionales respecto a los costos asociados.
En la hipótesis en que el trabajador recurra a la cesión de la quinta parte del salario, la retención —por parte del empleador— de sumas equivalentes a los costos funcionales para el buen resultado de la cesión es legítima solo si la operación comporta costos adicionales de contabilización y gestión administrativa insostenibles en relación con la organización empresarial, y la carga de la prueba de tal desproporcionada onerosidad recae sobre el empleador.
Esta máxima evidencia que la retención de las sumas debe ser no solo justificada, sino también proporcional. En otras palabras, el empleador no puede simplemente aplicar un costo genérico; debe demostrar que tales costos son necesarios y no afrontables en la estructura empresarial actual. Esto implica una evidente responsabilidad del empleador, que tiene la carga de probar la “desproporcionada onerosidad” de tales costos.
La sentencia n.º 22361 de 2024 representa un paso significativo en la tutela de los derechos de los trabajadores respecto a la cesión de la quinta parte del salario. Aclara que los empleadores deben estar preparados para justificar cualquier retención, evitando así abusos que podrían lesionar la dignidad y la estabilidad económica de los trabajadores. Es fundamental que las empresas adopten prácticas transparentes y justas en la gestión de tales operaciones, garantizando un equilibrio entre las necesidades empresariales y los derechos del trabajador.