La reciente sentencia del Tribunal de Casación, n. 23425 del 30 de agosto de 2024, ofrece una importante reflexión sobre los mecanismos de caducidad de los derechos en relación con la presentación de una demanda judicial. Esta decisión, que tuvo como ponentes al Presidente U. Berrino y al Ponente L. Cavallaro, se centra en el tema del impedimento de la caducidad y en el significado de una demanda judicial en el contexto procesal.
La caducidad es un instituto jurídico que implica la pérdida de un derecho tras el transcurso de un plazo establecido por la ley. En la sentencia en cuestión, el Tribunal aclara que la mera presentación de una demanda judicial no es suficiente para impedir la consolidación de la caducidad, si no se llega a una decisión de fondo. En otras palabras, para que la demanda tenga un efecto impeditivo, es necesaria una resolución que aborde el fondo de la cuestión.
DE LA ACTUACIÓN Demanda judicial - Efecto impeditivo de la caducidad - Decisión de fondo - Necesidad - Fundamento - Declaración de improcedencia de la demanda - Exclusión de la consolidación de la caducidad - Exclusión - Razones. La demanda judicial es idónea para impedir la caducidad de un derecho no en cuanto manifestación de voluntad sustancial, sino en cuanto acto de impulso de una relación procesal tendente a obtener la intervención efectiva del juez, de tal modo que, si la relación procesal se extingue sin llegar a la decisión de fondo (en el caso, en razón de la declaración de improcedencia del recurso), el derecho no queda sustraído a la consolidación de la caducidad, no siendo aplicable, a tenor del art. 2964 c.c., la disciplina del efecto interruptivo de la prescripción.
Esta máxima evidencia que la demanda judicial debe considerarse como un acto formal que tiene como objetivo activar el proceso y asegurar la intervención del juez. Sin embargo, si dicha demanda no conduce a una decisión de fondo, el derecho en cuestión puede igualmente sufrir la consolidación de la caducidad.
La sentencia tiene diversas implicaciones prácticas para los profesionales del derecho y para los ciudadanos:
Estos principios son fundamentales no solo para la comprensión del instituto de la caducidad, sino también para la planificación estratégica de las acciones legales por parte de los abogados.
En conclusión, la sentencia n. 23425 de 2024 del Tribunal de Casación ofrece una importante clarificación sobre el papel de la demanda judicial en relación con la caducidad de los derechos. Es esencial que los profesionales del derecho tengan en cuenta estas disposiciones para garantizar la protección de los derechos de sus clientes. La atención debe centrarse no solo en el acto de inicio del juicio, sino también en la necesidad de llegar a una decisión de fondo para evitar la pérdida de los derechos en cuestión.