Recientemente, la Ordenanza n.º 22061 del 5 de agosto de 2024 ha suscitado un intenso debate sobre la estabilidad laboral de los trabajadores dependientes de las Autoridades Portuarias. Esta sentencia del Tribunal de Casación, presidida por F. Garri y con G. Marchese como ponente, se centra en la aplicabilidad del artículo 40 del Real Decreto-Ley n.º 1827 de 1935 y en la obligación de cotización por desempleo involuntario, ofreciendo aclaraciones importantes para el sector.
Según lo establecido por la sentencia, la relación laboral en las Autoridades Portuarias se caracteriza por una estabilidad laboral, que deriva directamente de la normativa histórica italiana. El artículo 40 del Real Decreto-Ley n.º 1827 de 1935 establece que estos entes públicos no económicos no tienen la potestad empresarial de rescindir la relación laboral por decisiones de gestión de naturaleza económica. Este principio es fundamental para comprender el contexto ocupacional de estos trabajadores.
En general. La relación laboral dependiente de las Autoridades Portuarias se caracteriza por la estabilidad laboral a que se refiere el art. 40 del r.d.l. n.º 1827 de 1935, por lo que dichos entes públicos no económicos, al carecer de la potestad empresarial de rescindir la relación laboral por decisiones de gestión de naturaleza económica, no están obligados a cotizar por desempleo involuntario en relación con el período de vigencia de la disciplina anterior a la ley n.º 92 de 2012.
Esta máxima, expresada en la sentencia, aclara que las Autoridades Portuarias no están obligadas a cotizar por el desempleo involuntario de sus empleados, al menos por el período anterior a la entrada en vigor de la ley n.º 92 de 2012. Este aspecto jurídico es crucial, ya que establece una importante distinción entre el trabajo realizado en el ámbito público y privado en términos de seguridad social.
En resumen, la Ordenanza n.º 22061 de 2024 representa un punto de referencia significativo para la comprensión de la relación laboral en las Autoridades Portuarias. La estabilidad laboral y la exclusión de la cotización por desempleo involuntario son elementos que evidencian cómo la normativa histórica continúa influyendo en las dinámicas ocupacionales. Estas consideraciones no solo aclaran los derechos y deberes de los trabajadores, sino que también plantean interrogantes sobre las futuras políticas laborales en el sector público.