La sentencia n.º 33987 del 16 de junio de 2023, emitida por el Tribunal de Génova, ofrece importantes reflexiones sobre el delicado tema de los delitos urbanísticos, en particular en lo que respecta a la orden de demolición de construcciones realizadas en violación de las normas urbanísticas. Este pronunciamiento jurídico, de hecho, no es solo un mero acto administrativo, sino que tiene implicaciones directas sobre los derechos de propiedad y la operatividad del sistema jurídico italiano.
El caso se origina a raíz de una orden de demolición dictada tras comprobaciones relativas a construcciones ilegales. En su motivación, la Corte aclaró que la orden de demolición tiene un carácter real, afectando directamente al sujeto en relación con el bien, independientemente de cualquier acto de transmisión de la propiedad. Este aspecto es crucial, ya que establece que, incluso en presencia de embargos, la orden de demolición debe ejecutarse.
Orden de demolición de construcción ilegal - Subordinación del beneficio de la suspensión condicional a la ejecución de la orden de demolición - Embargo inmobiliario que afecta al inmueble ilegal antes del vencimiento del plazo para ejecutar la orden - Relevancia - Exclusión - Razones. En materia de delitos urbanísticos, la ejecución de la orden de demolición, impartida por el juez tras la constatación de edificación en violación de normas urbanísticas, no está impedida por el embargo que haya afectado al inmueble con anterioridad al vencimiento del plazo para darle curso. (En la motivación, la Corte destacó que la orden de demolición, por el carácter real que la caracteriza, recae directamente sobre el sujeto en relación con el bien, independientemente de los actos traslativos intermedios, y que quien lo adquiera al final del procedimiento de ejecución y sea ajeno al abuso podrá repercutir contra el ejecutado).
Esta sentencia implica que, en caso de construcciones ilegales, a pesar de que se haya podido efectuar un embargo inmobiliario, la orden de demolición debe ejecutarse de todos modos. Esto puede parecer contraintuitivo, pero sirve para garantizar que se respeten las normas urbanísticas y que no se creen situaciones de impunidad para las infracciones urbanísticas. Además, el juez especificó que el comprador de un inmueble embargado, que no tiene ninguna responsabilidad por el abuso, tiene derecho a repercutir contra el ejecutado, reforzando así la protección del derecho de propiedad.
En conclusión, la sentencia n.º 33987 de 2023 representa una importante aclaración en materia de urbanismo y derechos de propiedad. Subraya la importancia de mantener la integridad de las normas urbanísticas y ofrece protección a quienes, de buena fe, adquieren bienes inmuebles sin tener conocimiento de posibles abusos. Este equilibrio entre el derecho de propiedad y el respeto de las normas es fundamental para garantizar un urbanismo sano y respetuoso de los intereses colectivos.