En el panorama normativo italiano, la auto n. 11440 del 29 de abril de 2024, emitida por la Corte de Casación, ofrece importantes aclaraciones sobre la obligación de notificar operaciones financieras potencialmente vinculadas a delitos de blanqueo de capitales. Esta sentencia, que involucra al responsable de sucursal y a sujetos equiparados, se enmarca en un contexto de creciente atención a la disciplina contra el blanqueo de capitales, en línea con las directivas europeas y las normativas nacionales.
La Corte, presidida por L. O. y con ponente A. C., examinó un caso en el que se imputaba la responsabilidad de un operador por no haber notificado operaciones financieras sospechosas. Según la
“Responsable de sucursal y sujetos equiparados - Obligación de notificación de operaciones financieras consideradas fruto de blanqueo de capitales - Parámetros. En materia de disciplina contra el blanqueo de capitales, la obligación de notificación, a cargo del responsable de sucursal, oficina u otro punto operativo, de operaciones que pudieran provenir de alguno de los delitos previstos en el art. 648-bis c.p., establecida ex art. 3, apartados 1 y 2, d.l. n. 143 de 1991, no está subordinada a la acreditación por parte de las investigaciones preliminares del operador y de los intermediarios de un cuadro indiciario de blanqueo de capitales, ni siquiera a la exclusión, en base a su convicción personal, de la ajenidad de las operaciones a una acción delictiva, sino a un juicio objetivo sobre la idoneidad de las mismas para eludir las disposiciones dirigidas a prevenir y sancionar la actividad de blanqueo de capitales.”La Corte estableció que la responsabilidad no depende de la presencia de indicios preliminares de delito, sino de un análisis objetivo de las operaciones.
Esta decisión tiene varias implicaciones significativas para los operadores del sector financiero:
En conclusión, la auto n. 11440 de 2024 representa un paso importante en la lucha contra el blanqueo de capitales, subrayando la necesidad de un enfoque proactivo y objetivo por parte de los operadores financieros. Esta sentencia no solo aclara las responsabilidades de los operadores, sino que también promueve una mayor transparencia y responsabilidad en el sector financiero, contribuyendo a un sistema más justo y seguro.