Recientemente, la Corte de Casación ha emitido la providencia n.º 23240 del 28 de agosto de 2024, que aborda un tema crucial en el contexto de las ejecuciones forzosas: la impugnabilidad del acto de aprobación del proyecto final de distribución de las sumas. Este pronunciamiento ofrece importantes aclaraciones sobre la posibilidad de oponerse a dicho acto, incluso cuando el juez ha declarado simultáneamente la extinción del proceso ejecutivo. Analicemos en detalle los puntos destacados de esta sentencia.
El asunto jurídico que ha llevado a la emisión de la providencia involucra a A. (D'A.) y B. (A.L.) y se originó en una controversia en materia de ejecución forzosa. La Corte de Apelación de Salerno, con decisión del 30 de diciembre de 2020, había abordado la cuestión del proyecto final de distribución de las sumas derivadas de una acción ejecutiva. El punto focal de la sentencia es la afirmación de que el acto de aprobación de dicho proyecto es impugnable a través de la oposición a los actos ejecutivos.
DE LA EJECUCIÓN Proyecto final de distribución de las sumas declarado ejecutivo - Impugnabilidad con oposición a los actos ejecutivos - Declaración de "extinción" del proceso ejecutivo, simultánea a la aprobación del proyecto - Irrelevancia - Fundamento. El acto de aprobación del proyecto final de distribución es impugnable mediante la oposición a los actos ejecutivos, siendo irrelevante que el juez haya declarado simultáneamente la extinción del proceso ejecutivo, en cuanto dicha declaración es solo una toma de conocimiento del cierre fisiológico del proceso de expropiación, no idónea para precluir la impugnación de la aprobación del proyecto final de distribución, que es el último acto de dicho proceso.
Esta máxima pone de relieve la importancia del acto de aprobación del proyecto final de distribución. Aunque el juez pueda declarar la extinción del proceso ejecutivo, esto no impide la posibilidad de impugnar el acto en sí, evidenciando que la extinción es una mera formalidad que atestigua la conclusión del procedimiento ejecutivo.
Estos aspectos evidencian la necesidad de garantizar una adecuada tutela de los derechos de las partes involucradas en un procedimiento ejecutivo, evitando que decisiones formales puedan perjudicar la posibilidad de obtener justicia.
La providencia n.º 23240 de 2024 representa un importante paso adelante en la tutela de los derechos de los acreedores dentro de los procedimientos de ejecución forzosa. La posibilidad de impugnar el proyecto final de distribución de las sumas, incluso cuando el juez declara la extinción del proceso, constituye una garantía fundamental para las partes involucradas. En un contexto jurídico complejo como el de las ejecuciones forzosas, es esencial que las decisiones de la jurisprudencia continúen ofreciendo claridad y protección a los derechos de los ciudadanos, contribuyendo así a un sistema legal más equitativo y justo.