La sentencia n.º 33063 del 5 de junio de 2024, registrada el 23 de agosto de 2024, ofrece una importante reflexión sobre la responsabilidad de los administradores en caso de bancarrota fraudulenta. En particular, los jueces han establecido que el retiro de sumas destinadas al finiquito de un trabajador, o al pago de un préstamo concedido a este último, constituye una conducta de distracción y configura la bancarrota fraudulenta. Este principio es de fundamental importancia para la protección de los derechos de los trabajadores y para la salvaguardia del patrimonio empresarial.
Según la Corte, el administrador de la sociedad en quiebra que retira sumas destinadas al pago de los derechos de los empleados actúa de manera ilícita. La máxima de la sentencia reza:
Suma destinadas al finiquito laboral del empleado o al pago de un préstamo concedido a este último - Retiro del administrador de las cajas sociales de la empresa en quiebra - Bancarrota fraudulenta por distracción - Configurabilidad - Existencia - Razones. En materia de bancarrota fraudulenta patrimonial, integra distracción la conducta del administrador de la sociedad en quiebra que retira de las cajas sociales sumas destinadas al pago del finiquito de un trabajador, o al pago, tras la cesión del crédito a favor de la sociedad, de las cuotas de un préstamo concedido a un empleado, tratándose de sumas que forman parte del patrimonio de la sociedad en quiebra.
Esta afirmación subraya la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, que pueden verse comprometidos por decisiones irresponsables de los administradores. Las normas italianas, en particular el artículo 216 de la Ley de Quiebras, establecen claramente las responsabilidades en caso de bancarrota fraudulenta. Los jueces, por lo tanto, no solo protegen los derechos de los acreedores, sino también los de los empleados.
La sentencia se inserta en un contexto jurídico más amplio, en el que la Corte Constitucional y la jurisprudencia de legitimidad han reiterado en varias ocasiones la importancia de la responsabilidad de los administradores en caso de quiebra. Las normas invocadas en la decisión, en particular el artículo 223 de la Ley de Quiebras, ponen el acento en la necesidad de una gestión prudente y transparente de los recursos empresariales.
En conclusión, la sentencia n.º 33063 de 2024 representa un paso importante en la lucha contra la bancarrota fraudulenta y en el fortalecimiento de la protección de los derechos de los trabajadores. Pone de relieve la necesidad de un comportamiento ético por parte de los administradores, quienes deben siempre actuar en el mejor interés de la sociedad y de sus empleados. Las decisiones de este tipo sirven como disuasivo para comportamientos ilícitos y promueven una cultura de responsabilidad y respeto por las normas.