La sentencia n.º 21126, de 30 de marzo de 2023, emitida por la Corte di Cassazione, ofrece importantes aclaraciones sobre la confisca preventiva de bienes indivisibles. La resolución se centra en la solicitud de asignación presentada por un tercer copropietario de buena fe, estableciendo que no es necesario poseer una cuota mayoritaria del bien para que la solicitud sea aceptada.
La confisca preventiva, regulada por el Decreto Legislativo n.º 159 de 2011, tiene como objetivo principal prevenir la comisión de delitos de especial gravedad, privando a los individuos de los bienes adquiridos ilícitamente. La cuestión de la coexistencia de varios copropietarios se vuelve crucial cuando se habla de bienes indivisibles, ya que su gestión y asignación puede resultar compleja.
Confisca preventiva de cuotas de bienes indivisibles - Solicitud de asignación del tercer copropietario de buena fe ex art. 48, apartado 7-ter, d.lgs. n.º 159 de 2011 - Aceptación - Condiciones. En materia de confisca preventiva de cuotas de bienes indivisibles, a efectos de la aceptación de la solicitud de asignación formulada por el tercer copropietario de buena fe, no es necesario que este sea titular de una cuota mayoritaria del bien, ni que exista acuerdo con la Agencia Nacional para la Administración y Gestión de los bienes secuestrados y confiscados.
Esta máxima destaca dos puntos fundamentales: en primer lugar, el tercer copropietario no debe poseer necesariamente una cuota mayoritaria para que su solicitud sea aceptada. Esto representa un importante paso adelante para garantizar la protección de los derechos de los copropietarios de buena fe, evitando situaciones de bloqueo decisorio e injusticias. En segundo lugar, no se requiere ningún acuerdo con la Agencia Nacional para la Administración y Gestión de los bienes secuestrados y confiscados, lo que otorga mayor autonomía al copropietario en la gestión del bien.
En resumen, la sentencia n.º 21126 de 2023 representa una importante orientación jurisprudencial en materia de confisca preventiva. Subraya la importancia de proteger los derechos de los copropietarios de buena fe, garantizándoles la posibilidad de acceder a bienes indivisibles sin las restricciones que anteriormente se consideraban necesarias. Este enfoque no solo promueve la justicia, sino que también ofrece un marco normativo más claro para la gestión de los bienes secuestrados, evitando conflictos entre copropietarios e instituciones.