La reciente sentencia n.º 15069 del 26 de octubre de 2023, emitida por la Corte de Casación, ha puesto de relieve un tema crucial en el derecho penal: el derecho a la traducción para los investigados que no conocen el idioma italiano. Este aspecto es de fundamental importancia, ya que garantiza el respeto de los derechos fundamentales de los individuos involucrados en procedimientos penales.
La Corte abordó el caso de un investigado, T. N., quien no hablaba italiano. La sentencia aclara que, en caso de orden de custodia cautelar dictada contra un imputado o investigado aloglota, es obligatorio proporcionar una traducción en un plazo razonable. La falta de dicha traducción puede acarrear la nulidad de la propia orden, según lo dispuesto en los artículos 143 y 292 del código de procedimiento penal.
Orden que dispone una medida cautelar personal - Investigado o imputado aloglota - Obligación de traducción en un plazo razonable - Violación - Consecuencias. En materia de medidas cautelares personales, la orden de custodia cautelar dictada contra un imputado o investigado aloglota, si ya ha quedado demostrado que este no conoce el idioma italiano, está afectada, en caso de falta de traducción, de nulidad a tenor de lo dispuesto en los artículos 143 y 292 del código de procedimiento penal. Si, en cambio, no ha quedado demostrado que el investigado o imputado aloglota no conozca el idioma italiano, la orden de custodia cautelar no traducida dictada en su contra es válida hasta el momento en que resulte la falta de conocimiento de dicho idioma, lo que comporta la obligación de traducir el proveído en un plazo razonable, cuya violación determina la nulidad de toda la secuencia de actos procesales realizados hasta ese momento, incluida la orden de custodia cautelar.
Esta sentencia no solo aclara la obligación de traducción, sino que también destaca las consecuencias de su incumplimiento. La Corte ha establecido que, si aún no se ha determinado que el investigado no conoce el italiano, la orden permanece válida. Sin embargo, si posteriormente se acredita dicho conocimiento, la traducción se vuelve obligatoria y su falta acarrea la nulidad de los actos procesales realizados hasta ese momento.
En conclusión, la sentencia n.º 15069 de 2023 representa un importante paso adelante en la protección de los derechos de los investigados en el sistema penal italiano. Subraya la importancia de garantizar que cada individuo, independientemente de su conocimiento lingüístico, tenga acceso a un proceso justo y equitativo. La traducción no es solo un cumplimiento formal, sino un derecho fundamental que debe ser respetado para garantizar la legitimidad de los procedimientos penales.