La Sentencia n. 18722 del 9 de julio de 2024 del Tribunal de Casación representa un importante punto de referencia en la jurisprudencia italiana relativa a las jurisdicciones especiales, en particular en lo que concierne al Tribunal de Cuentas. Analizando el caso específico, es posible captar los desafíos que surgen cuando se superan los límites entre la actividad de interpretación normativa y la producción normativa.
En esta ordenanza, el Tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por V. R. contra el Procurador General del Tribunal de Cuentas. La cuestión central se refería a la acusación de exceso de poder jurisdiccional por parte del juez contable, acusado de haber violado la esfera reservada al legislador. Según el Tribunal, el exceso de poder jurisdiccional se produce cuando el juez aplica una norma creada por él mismo, en lugar de limitarse a interpretar las leyes existentes.
El exceso de poder jurisdiccional por invasión de la esfera reservada al legislador, denunciable con el recurso de casación ex art. 111, párrafo 8, de la Constitución, se configura cuando el juez especial aplica una norma creada por él mismo, ejerciendo así una actividad de producción normativa que no le compete, y no en relación con la actividad de interpretación –aunque sea extensiva o analógica– de una disposición de ley, dado que eventuales errores hermenéuticos, incluso si comportan un desvirtuamiento radical del sentido de la norma, no afectan a la existencia o a los límites externos del poder jurisdiccional, sino solo a la legitimidad de su ejercicio.
El Tribunal aclaró que eventuales errores de interpretación, incluso si son significativos, no constituyen violación de la esfera legislativa. Esto es fundamental para comprender los límites del poder jurisdiccional. De hecho, la interpretación extensiva o analógica no debe confundirse con la adopción de normas nuevas, que corresponde exclusivamente al legislador. La distinción entre estas dos actividades es crucial para garantizar el respeto de los principios de separación de poderes.
La Ordenanza n. 18722 de 2024 ofrece una importante reflexión sobre la función del Tribunal de Cuentas y los límites de su intervención jurisdiccional. La sentencia subraya cómo la correcta interpretación de las normas es esencial para preservar el equilibrio entre los poderes del Estado. Los operadores del derecho y los ciudadanos deben ser conscientes de que la interpretación de las leyes debe seguir siendo una actividad reservada al juez, mientras que la creación de nuevas normas es tarea exclusiva del legislador. Este principio es fundamental para la tutela de los derechos y libertades individuales y para el buen funcionamiento de la justicia.