La protección de los solicitantes de asilo es un tema crucial. El Auto n.º 15773 del 12 de junio de 2025 de la Corte de Casación (Pres. L. T., Est. R. C.) aclara los poderes del juez nacional en el juicio de reenvío sobre la aplicación de la “cláusula discrecional” del Reglamento (UE) n.º 604/2013 (Dublín III). Esta decisión, en el caso M. contra H., es fundamental para la amplitud del control judicial y la consideración de nuevos elementos fácticos para una protección más completa de los solicitantes de asilo.
Dublín III establece el Estado competente para las solicitudes de protección internacional, previniendo solicitudes múltiples. El artículo 17 introduce la "cláusula discrecional", permitiendo a un Estado, incluso si no es competente, examinar la solicitud por razones humanitarias o familiares. Es crucial para proteger situaciones vulnerables.
El Auto n.º 15773/2025 se centra en el juicio de reenvío tras la casación de un pronunciamiento de anulación de traslado. La Corte Suprema ha precisado el control que el juez nacional debe ejercer sobre la actuación del Estado respecto al artículo 17. He aquí el principio:
En el juicio de reenvío a raíz de la casación del pronunciamiento judicial de anulación de la decisión de traslado, conforme al Reglamento UE n.º 604/2013, el juez nacional, en el marco del control sobre el ejercicio de la cláusula discrecional, debe evaluar si el rechazo tácito de hacer uso de dicha cláusula aparece justificado a la luz de lo expuesto en el recurso o resultante de los actos presentados por las partes, y verificar si surgen hechos relevantes a efectos de la protección incluso nacional, en aplicación del derecho de asilo constitucional del art. 10 de la Constitución, pudiendo alegarse hechos nuevos sobrevenidos, incluso por efecto del tiempo transcurrido, o hechos preexistentes, no alegados con anterioridad.
Esta máxima es de gran relevancia. El juez nacional debe evaluar sustancialmente la justificación del rechazo a aplicar el artículo 17. Crucial es la posibilidad de considerar:
Esta apertura es fundamental para garantizar la plena aplicación del derecho de asilo (Art. 10 de la Constitución) y la protección de la vida privada y familiar (Art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), permitiendo un marco probatorio completo y actualizado.
La decisión refuerza la posición del solicitante y de su abogado, permitiendo alegar todo elemento útil para demostrar la necesidad de que Italia ejerza la cláusula de soberanía. Flexibilidad vital para una justicia más equitativa y sensible a las dinámicas personales, asegurando decisiones ponderadas a la luz de la situación más completa posible.
El Auto n.º 15773/2025 es un importante desarrollo en la jurisprudencia sobre protección internacional. Subrayando un control judicial efectivo y la posibilidad de evaluar hechos nuevos o preexistentes, la Corte Suprema promueve un enfoque más humano y garantista. Reafirma la centralidad de la persona y el derecho fundamental al asilo, imponiendo a los jueces nacionales un examen profundo y dinámico para una tutela eficaz.