La recentísima sentencia del Tribunal de Casación, Sección V, de 26 de septiembre de 2024, n. 36040, representa un importante momento de reflexión sobre el tema de la quiebra fraudulenta y las responsabilidades de los administradores en contextos empresariales complejos. En el caso examinado, los recurrentes A.A. y B.B. fueron declarados culpables de quiebra fraudulenta en relación con las quiebras de las sociedades PAZZA IDEA Srl y MINI PA Srl, planteando interrogantes fundamentales sobre la gestión de los recursos y las operaciones intragrupo.
El Tribunal confirmó las decisiones de los jueces de instancia, destacando cómo las conductas atribuidas a los recurrentes, en particular a B.B., configuraban un claro dolo de distracción. Entre las operaciones cuestionadas se encontraba la transferencia de sumas considerables a favor de otras entidades del grupo, en ausencia de una adecuada ventaja compensatoria para la sociedad deudora. Este aspecto es crucial, ya que la jurisprudencia establece que, para excluir la naturaleza distractiva de una operación, es necesario demostrar que la transferencia de recursos ha comportado un saldo final positivo para el grupo.
El Tribunal afirmó que no basta considerar solo el déficit de gestión, sino que es fundamental constatar que el exceso pasivo deriva de distracciones conocidas por los acreedores.
En el caso de especie, el Tribunal subrayó el papel central de B.B. en la gestión del grupo PAZZA IDEA, destacando que sus decisiones habían llevado a elecciones imprudentes y manifiestamente temerarias, perjudicando a los acreedores. La defensa intentó justificar las operaciones como necesarias para el salvamento del grupo, pero el Tribunal reiteró que tales justificaciones no son suficientes para excluir el dolo previsto por los artículos 216 y 223 de la ley de quiebras.
La sentencia n. 36040/2024 sirve de advertencia para los administradores de sociedades, destacando cómo la gestión de las operaciones intragrupo debe llevarse a cabo con la máxima atención y transparencia. La jurisprudencia continúa delineando un marco riguroso en materia de responsabilidad de los administradores, poniendo el acento en la importancia de tutelar a los acreedores y garantizar la integridad patrimonial de la empresa. Es fundamental que las decisiones empresariales estén siempre orientadas a la salvaguardia de los intereses de todos los stakeholders involucrados.