La sentencia n. 37509 de 2021 de la Corte de Casación representa una importante aclaración en materia de derecho penal, relativa a la distinción entre los delitos de cohecho y estafa agravada cometida por funcionario público. En este caso, el funcionario de la Oficina Escolar Provincial, C.N., fue inicialmente condenado por cohecho, pero la Corte de Apelación de Salerno calificó posteriormente el hecho como intento de inducción indebida, reduciendo la pena. La Corte de Casación anuló esta decisión, llamando la atención sobre la correcta aplicación de las normativas y el principio de derecho.
La Corte de Casación aclara que los delitos de cohecho e inducción indebida, aunque ambos implican el abuso de la función pública, se diferencian sustancialmente. Mientras que en el cohecho el agente público obliga al particular a prometer un beneficio indebido, en la estafa el funcionario público engaña a la víctima induciéndola a creer que la prestación es debida. La sentencia precisa que en la figura delictiva de cohecho es fundamental la presencia de una amenaza o coacción, mientras que en la estafa es central el engaño.
La distinción entre el delito de inducción indebida y el de estafa debe individuarse en el hecho de que en la primera figura delictiva el particular mantiene la plena conciencia del carácter no debido de la prestación dada o prometida.
En el caso específico, C.N. abusó de su posición para obtener un pago de mil euros de D.M.V.A. para desbloquear un trámite de jubilación. La Corte de Apelación había considerado erróneamente que D.M. era consciente del ilícito. Sin embargo, la Casación puso de relieve que la víctima había sido engañada y, por lo tanto, no era capaz de reconocer la ilicitud de la solicitud. Esta errónea aplicación de la ley llevó a una confusión en la calificación del delito, que debía considerarse en cambio como estafa agravada.
La sentencia n. 37509 de 2021 de la Corte de Casación subraya la importancia de una correcta calificación jurídica de los actos, especialmente cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos. La decisión anuló la sentencia de la Corte de Apelación de Salerno, remitiendo los autos para un nuevo juicio, a fin de que se respete el principio de derecho. Este caso representa una importante lección para el sistema jurídico italiano, evidenciando cómo la claridad en la distinción entre los diversos delitos ayuda a garantizar una justicia adecuada y proporcionada.