La sentencia n.º 15637, de 13 de marzo de 2024, depositada el 16 de abril de 2024, ofrece importantes reflexiones en materia de medidas cautelares, en particular respecto al embargo preventivo impeditivo. Aborda, de hecho, el delicado equilibrio entre las exigencias de justicia y la salvaguardia de los derechos individuales, destacando el papel crucial del principio de proporcionalidad.
La Corte ha aclarado que el principio de proporcionalidad debe aplicarse no solo en la fase de adopción de las medidas cautelares, sino también durante su ejecución. En particular, se ha pronunciado sobre la orden de desalojo emitida por el ministerio fiscal, estableciendo que no es tarea del juez cautelar reevaluar, en ausencia de impulso de parte, la existencia del "periculum in mora".
APLICABILIDAD - Ejecución del embargo preventivo impeditivo - Orden de desalojo del ministerio fiscal - Principio de proporcionalidad - Aplicabilidad - Condiciones - Potestad de reevaluación de oficio de las exigencias cautelares - Exclusión - Razones. En materia de embargo preventivo, denominado impeditivo, el principio de proporcionalidad, aplicable también en la fase de ejecución del vínculo mediante la orden de desalojo emitida por el ministerio fiscal, no comporta, en ausencia de impulso de parte, la reevaluación, por parte del juez cautelar, de la subsistencia del requisito del "periculum in mora", dado que, si ello fuera permitido, se determinaría una indebida invasión de prerrogativas del órgano requirente, predispuesto a la ejecución del proveído.
Esta máxima destaca la importancia de mantener un equilibrio entre las prerrogativas del órgano requirente y el papel del juez cautelar, impidiendo interferencias injustificadas. La Corte, remitiéndose al Nuevo Código de Procedimiento Penal, ha puesto el acento en la necesidad de respetar las condiciones de aplicabilidad del embargo preventivo, evitando que el juez sustituya al ministerio fiscal en la evaluación de las exigencias cautelares.
La sentencia n.º 15637 de 2024 representa una importante etapa en la jurisprudencia italiana relativa al embargo preventivo. Subraya la necesidad de una clara delimitación de las potestades entre las distintas figuras involucradas en el proceso penal, garantizando así una mayor tutela de los derechos de los sujetos implicados. La interpretación de la Corte ofrece importantes reflexiones para la práctica legal, reiterando la importancia de un enfoque proporcionado y respetuoso de las distintas funciones en el sistema jurídico.