La Corte de Casación, con la ordenanza n. 12585 de 2024, aborda un caso de particular relevancia en materia de responsabilidad sanitaria, examinando el delicado tema de la carga de la prueba en situaciones de mala praxis médica. En este artículo, exploraremos los detalles de la sentencia y las implicaciones que conlleva en el contexto del derecho civil italiano.
El caso se refiere a la demanda de indemnización presentada por A.A. y B.B. contra la ASL n. 2 Lanciano Vasto Chieti tras el fallecimiento de sus hijos recién nacidos, C.C. y E.E., ocurrido a causa de infecciones contraídas en el hospital. En particular, el Tribunal de Chieti había acogido solo parcialmente la solicitud, reconociendo la responsabilidad de la estructura sanitaria por la muerte de C.C., mientras que para E.E. se había acogido el recurso de la ASL.
La peculiaridad del suceso justifica la compensación de las costas del presente grado, considerando que el pabellón resultó infectado y que hubo otros fallecimientos de recién nacidos.
La Corte de Casación desestimó el recurso presentado por los padres, destacando varios puntos críticos. En primer lugar, la Corte subrayó que la ASL, en su recurso, había impugnado específicamente la presencia de catéteres y tubos infectados. Los recurrentes no lograron demostrar que tales dispositivos fueran estériles, lo que llevó a una evaluación de inadmisión de sus argumentos.
En segundo lugar, surgió que el juez de apelación operó una distinción entre los casos de C.C. y E.E. basándose en datos científicos. Estos últimos no fueron impugnados de manera adecuada por los recurrentes, quienes fracasaron en demostrar un nexo causal entre las condiciones sanitarias y los fallecimientos.
Esta sentencia pone de relieve algunas cuestiones fundamentales relativas al derecho a la salud y la responsabilidad de las estructuras sanitarias. Los padres se encontraron en una posición difícil, ya que la prueba de la incorrecta actuación de la ASL recaía sobre ellos. Las normas italianas, en particular el artículo 2697 del Código Civil, establecen que quien quiera hacer valer un derecho debe probar los hechos que constituyen su fundamento.
En conclusión, la sentencia de la Corte de Casación n. 12585 de 2024 ofrece reflexiones significativas para comprender las dinámicas de la responsabilidad sanitaria en Italia. Subraya la importancia de la carga de la prueba y las dificultades que los ciudadanos enfrentan al perseguir sus derechos en contextos complejos como el sanitario. La decisión evidencia la necesidad de una mayor atención a la gestión de las pruebas en el ámbito médico-legal, a fin de garantizar un adecuado nivel de protección para los pacientes y sus familias.