La reciente sentencia n.º 22233, de 6 de agosto de 2024, emitida por la Corte de Casación, ofrece importantes aclaraciones sobre el contrato de servicios ficticio y las responsabilidades del contratante. En particular, la Corte ha establecido que, en tales circunstancias, el contratante asume la posición de empleador, con todas las consecuencias jurídicas y fiscales que de ello se derivan.
La sentencia se enmarca en un contexto normativo complejo, en el que el contrato de servicios puede a menudo enmascarar situaciones de trabajo subordinado. La Corte ha invocado el artículo 23 del d.P.R. n.º 600 de 1973, que obliga al usuario a efectuar las retenciones a cuenta sobre los ingresos del trabajo. Este aspecto es crucial, ya que establece claramente la responsabilidad del contratante, incluso en ausencia de un reconocimiento formal de la relación laboral por parte del trabajador.
En general. En caso de contrato de servicios meramente ficticio, el contratante, en cuanto usuario de la prestación laboral de los empleados del contratista, asume la efectiva calidad de empleador y está, por lo tanto, gravado por las obligaciones relativas, entre ellas la realización de las retenciones a cuenta ex art. 23 del d.P.R. n.º 600 de 1973, independientemente de si el trabajador individual ha ejercido, con resultado positivo, la acción ex art. 29, apartado 3-bis, del d.lgs. n.º 276 de 2003, vigente ratione temporis, destinada al reconocimiento de la relación laboral directamente con el contratante.
Esta sentencia tiene diversas implicaciones prácticas para los empleadores y los contratistas. Es fundamental que las empresas que recurren al contrato de servicios comprendan los riesgos asociados a una gestión no transparente de las relaciones laborales. En particular, se destacan los siguientes aspectos:
En conclusión, la sentencia n.º 22233 de 2024 representa un importante punto de referencia para las empresas que operan en el sector de los contratos. Subraya cómo el respeto de las normativas laborales y de las disposiciones fiscales es crucial para evitar problemas legales y sanciones. Los empresarios y los profesionales del sector deben prestar especial atención a la configuración de los contratos de servicios, para protegerse de posibles litigios futuros y garantizar el correcto cumplimiento de sus obligaciones.