Descubrir que la cuenta corriente mancomunada ha sido vaciada, o que se han retirado sumas importantes sin su consentimiento poco antes de una separación, es una experiencia desestabilizadora. Además de la traición a la confianza, surge la legítima preocupación por la protección de su patrimonio y por el futuro económico de los hijos. Esta situación, lamentablemente común, no está exenta de protecciones legales. Comprender cómo actuar es el primer paso para restablecer el equilibrio y garantizar que la división de bienes se realice de manera equitativa. Como abogado matrimonialista en Milán, el abogado Marco Bianucci aborda estas delicadas cuestiones con un enfoque dirigido a la reconstrucción de los movimientos y a la protección del cónyuge económicamente más débil.
En el régimen de comunidad legal de bienes, que se aplica en ausencia de una convención matrimonial diferente, los ahorros acumulados por los cónyuges pertenecen a ambos en partes iguales. Cada cónyuge tiene derecho a administrar los bienes comunes, pero este poder no es ilimitado. La ley establece que los actos de administración extraordinaria, como el retiro de sumas significativas no destinadas a las necesidades familiares, requieren el consentimiento de ambos. Cuando un cónyuge actúa unilateralmente, retirando fondos para fines personales o para sustraerlos a la división futura, realiza un acto ilegítimo. El artículo 192 del Código Civil prevé específicamente que el cónyuge responsable de tales actos deba reconstituir la comunidad, devolviendo la suma retirada o su equivalente.
El punto crucial en estos casos es la prueba. El cónyuge que ha realizado el retiro tiene la carga de demostrar que los fondos se han utilizado para satisfacer las necesidades de la familia o para inversiones acordadas. Si no logra proporcionar dicha prueba, se presume que las sumas han sido sustraídas para fines personales y se activa la obligación de restitución. La jurisprudencia es constante en la protección del cónyuge que sufre tales acciones, considerándolas un intento de alterar la correcta repartición del patrimonio familiar en vista de la separación. La reconstrucción de los movimientos bancarios y la demostración de su finalidad se convierten, por lo tanto, en pasos fundamentales para hacer valer sus derechos.
Abordar la sustracción de fondos requiere una estrategia legal precisa y oportuna. El enfoque del abogado Marco Bianucci, abogado experto en derecho de familia en Milán, se basa en un análisis meticuloso de la situación patrimonial y financiera de la pareja. El primer paso consiste en adquirir toda la documentación bancaria, como los extractos de cuenta de los últimos años, para mapear con exactitud los retiros sospechosos, las fechas y los importes. Posteriormente, se procede a contextualizar estos movimientos, verificando si corresponden a gastos familiares documentables o si, por el contrario, parecen injustificados. Cuando sea necesario, el estudio se vale de consultores técnicos para análisis financieros más profundos, con el fin de construir un cuadro probatorio sólido para presentar en sede judicial y obtener la reintegración del patrimonio común.
Absolutamente sí. Si el retiro no estaba destinado a cubrir gastos familiares acordados, la ley prevé que usted tenga derecho a la restitución de su cuota, es decir, el 50% de la suma sustraída. Es posible actuar tanto durante el proceso de separación como con una acción legal específica para obtener la reintegración de la comunidad y la condena a la restitución de las sumas.
La prueba se basa principalmente en el análisis de los extractos de cuenta y en la falta de justificaciones válidas por parte del cónyuge que realizó el retiro. Será él quien deba demostrar la destinación lícita de los fondos. La ausencia de facturas, recibos u otros comprobantes para gastos familiares extraordinarios, unida a la sospechosa temporalidad del retiro, constituye un fuerte elemento a su favor.
Incluso si el efectivo ha sido gastado u ocultado, la obligación de restitución no desaparece. El juez puede condenar al cónyuge a restituir el equivalente de la suma adeudada, tomándola de sus bienes personales (como salario, otras cuentas corrientes o propiedades inmobiliarias) en el momento de la división patrimonial o mediante una acción ejecutiva posterior.
La acción para la reintegración de la comunidad debe ejercerse dentro de un año a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto o, a más tardar, dentro de un año desde la disolución de la comunidad misma, que coincide habitualmente con la separación. Por lo tanto, es fundamental actuar con prontitud para no perder sus derechos.
Si se encuentra ante una situación de retiros injustificados en vista de una separación, la asistencia de un abogado experto en derecho de familia es fundamental para proteger sus intereses. El Estudio Legal Bianucci, con sede en Milán en via Alberto da Giussano 26, ofrece una consulta específica para analizar su caso, definir la estrategia más eficaz para la reconstrucción patrimonial y garantizar que sus derechos sean plenamente tutelados. Contacte al estudio para una evaluación profesional y reservada de su situación.