La reciente ordenanza n. 10043 de la Corte de Casación, emitida el 15 de abril de 2024, ofrece una importante ocasión de reflexión sobre la responsabilidad del empleador y la carga de la prueba en caso de enfermedades profesionales. En particular, la Corte se pronunció sobre un caso relativo a un trabajador que había contraído la hepatitis C a raíz de un accidente laboral, destacando aspectos fundamentales relativos a la valoración de las pruebas documentales y a la responsabilidad contractual.
En el caso examinado, el recurrente, A.A., había demandado a la Región Calabria, sucesora de la ASL 2 de Castrovillari, para la indemnización del daño sufrido a causa de una infección contraída durante el servicio. La Corte de apelación de Catanzaro había inicialmente desestimado la solicitud, considerando insuficiente la prueba aportada por el trabajador, que no había logrado demostrar adecuadamente el nexo causal entre el accidente y la enfermedad.
La Corte de Casación subrayó la importancia de una valoración global de las pruebas, en lugar de una selección parcial.
La Corte de Casación, al acoger el recurso, puso de manifiesto que la Corte de apelación había omitido considerar una serie de documentos cruciales que habrían podido respaldar las afirmaciones del recurrente. En particular, la Corte reiteró que es fundamental, en el rito laboral, que el juez ejerza sus poderes de instrucción de oficio para garantizar una efectiva tutela del derecho de defensa. La decisión puso de relieve el principio de que, en el contexto laboral, el nexo causal entre enfermedad y actividad laboral debe ser valorado con un enfoque menos rígido, teniendo en cuenta todos los elementos probatorios disponibles.
Esta sentencia tiene importantes implicaciones para los trabajadores y los empleadores. Entre los puntos clave que surgieron, podemos destacar:
La sentencia n. 10043/2024 de la Corte de Casación se configura como una importante intervención en la gestión de las pruebas en el contexto laboral, subrayando la necesidad de una interpretación flexible y justa de las normativas vigentes. Esto no solo protege los derechos de los trabajadores, sino que también promueve un entorno de trabajo más seguro y responsable por parte de los empleadores. En una época en la que las enfermedades profesionales son cada vez más reconocidas, la jurisprudencia debe adaptarse para garantizar justicia y equidad.