La reciente Sentencia n.º 23275 del 15 de febrero de 2023, depositada el 26 de mayo de 2023, ofrece reflexiones significativas sobre la remisión de actuaciones al ministerio fiscal y las implicaciones que de ello se derivan para el curso de la prescripción en el ámbito penal. En particular, la Corte de Casación ha abordado la cuestión de la relevancia de las causas de interrupción y suspensión de la prescripción cuando se produce un nuevo ejercicio de la acción penal.
La sentencia en cuestión, que anula sin reenvío la decisión de la Corte de Apelación de Sassari, se inserta en un contexto jurídico complejo, en el que es fundamental comprender las normas de referencia, en particular el artículo 521, apartado 2 del Código de Procedimiento Penal. Este artículo establece que, en caso de devolución de las actuaciones al ministerio fiscal por la probada diversidad del hecho, se produce un nuevo ejercicio de la acción penal.
La Corte ha reiterado cómo las causas de interrupción y suspensión de la prescripción, ocurridas antes de la nueva determinación del ministerio fiscal, carecen de efecto. Esto implica que se trata de dos procedimientos distintos, cuyo presupuesto es la diversidad del hecho. A continuación, analizamos las principales implicaciones de esta decisión:
REMISION DE ACTUACIONES AL MINISTERIO FISCAL - Nuevo ejercicio de la acción penal - Causas de interrupción y suspensión del curso de la prescripción anteriores - Relevancia - Exclusión - Razones. En caso de devolución de las actuaciones al ministerio fiscal por la probada diversidad del hecho ex art. 521, apartado 2, cod. proc. pen. y de posterior nuevo ejercicio de la acción penal, carecen de efecto las causas de interrupción y de suspensión del curso de la prescripción ocurridas anteriormente a la nueva determinación del representante de la acusación pública, tratándose de dos procedimientos distintos, en razón de la diversidad del hecho.
Esta sentencia tiene importantes repercusiones en los procedimientos penales, ya que aclara que un nuevo ejercicio de la acción penal puede producirse sin que las anteriores causas de interrupción de la prescripción incidan en él. Este principio refuerza la autonomía de los procedimientos penales, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de las acusaciones.
En un contexto donde los plazos del proceso penal pueden ser largos y complejos, la clarificación ofrecida por la Corte constituye un punto de referencia útil tanto para los operadores del derecho como para los ciudadanos involucrados en procedimientos penales. La decisión se alinea con los principios de tutela de los derechos de la persona y de eficacia de la acción penal, elementos cardinales de nuestro ordenamiento jurídico.
En conclusión, la Sentencia n.º 23275 de 2023 representa un importante paso adelante en la comprensión de las dinámicas entre la acción penal y la prescripción, subrayando la necesidad de considerar cada nuevo procedimiento como una cuestión independiente. Sus implicaciones se extienden no solo a la práctica jurídica, sino también a la tutela de los derechos de los imputados, garantizando una mayor certeza del derecho en un ámbito delicado como el penal.