La reciente sentencia n.º 33813 del 26 de mayo de 2023 del Tribunal de Casación ha proporcionado aclaraciones importantes sobre la legitimación del administrador de fincas para presentar denuncia por delitos cometidos en perjuicio del patrimonio común. Este aspecto reviste una importancia fundamental para la vida en comunidad, ya que permite tutelar adecuadamente los intereses colectivos.
Según el art. 1130 del Código Civil, el administrador de fincas tiene atribuciones específicas, entre ellas la gestión de los recursos económicos y la tutela del patrimonio común. La sentencia en cuestión afirma que el administrador está legitimado para presentar denuncia sin necesidad de autorización o ratificación de la junta de propietarios, cuando el delito perjudica el patrimonio común. Este principio se basa en la "posesión cualificada" de los recursos económicos de la comunidad, que implica una responsabilidad directa en la salvaguardia del bien común.
El administrador de fincas, en relación con sus atribuciones, tal como se definen en el art. 1130 del Código Civil, está legitimado para presentar denuncia en relación con un delito cometido en perjuicio del patrimonio común sin necesidad de autorización o ratificación de la junta, en razón de la posesión cualificada respecto a los recursos económicos de la comunidad y de la necesidad de asegurar el correcto desempeño de los servicios comunes. (Supuesto de hecho de robo de agua, cometido con violencia sobre las cosas por los inquilinos de un apartamento mediante conexión ilícita a la instalación comunitaria).
El supuesto de hecho descrito en la sentencia se refiere a un caso de robo de agua, en el que los inquilinos de un apartamento habían realizado una conexión ilícita a la instalación comunitaria. Este ejemplo evidencia cómo un delito puede tener repercusiones directas en la colectividad de una comunidad de propietarios, justificando la intervención del administrador.
La legitimación del administrador para presentar denuncia no es solo una oportunidad, sino un deber que tutela los intereses comunes. De hecho, la necesidad de proteger el patrimonio común y garantizar un correcto funcionamiento de los servicios comunitarios es fundamental en un contexto de creciente atención a la seguridad y la legalidad. Es esencial que los administradores estén informados de sus prerrogativas y responsabilidades para poder actuar eficazmente en caso de ilícitos. Esta sentencia representa un paso significativo hacia una gestión más consciente y responsable de los recursos comunitarios.