La reciente ordenanza de la Corte de Casación, n. 15244 del 31 de mayo de 2024, ofrece importantes reflexiones sobre la responsabilidad civil en caso de daños provocados por animales callejeros. El caso analizado involucra al Ayuntamiento de Vitulano y a la Azienda Sanitaria Locale (ASL) de B, evidenciando las complejidades jurídicas ligadas a la gestión del abandono de animales y la distribución de responsabilidades entre entes públicos.
A.A. y B.B. demandaron a la ASL de B a raíz de un accidente de tráfico causado por un perro callejero. El conductor, en el intento de evitar al animal, perdió el control del vehículo, sufriendo graves heridas y daños materiales. En primera instancia, el tribunal de Benevento atribuyó la responsabilidad exclusivamente al Ayuntamiento de Vitulano, que posteriormente impugnó la decisión alegando la responsabilidad de la ASL basándose en la ley regional sobre la prevención del abandono de animales.
La responsabilidad civil por los daños causados por perros callejeros recae exclusivamente en el ente al que las leyes regionales atribuyen la tarea de su captura y custodia.
La Corte de Casación, acogiendo el recurso principal del Ayuntamiento, estableció que la ley n. 16 de 2001 de la Región Campania asigna claramente a la ASL la responsabilidad de la captura y custodia de los animales callejeros. Por lo tanto, la condena solidaria del Ayuntamiento y de la ASL resultó errónea, ya que no existía ninguna conducta activa u omisiva por parte del Ayuntamiento que pudiera justificar tal responsabilidad. Este principio está en línea con precedentes jurisprudenciales, como la sentencia Cass. n. 3737 de 2023, que aclaró la exclusividad de la responsabilidad de la ASL en casos similares.
La sentencia n. 15244 de la Corte de Casación representa una importante aclaración sobre la materia de la responsabilidad civil por daños causados por animales callejeros. Subraya el principio de que la responsabilidad recae en el ente específicamente designado por la ley para la gestión del abandono de animales, en este caso la ASL. Es fundamental que las instituciones respeten estos principios para garantizar una gestión eficaz y responsable del fenómeno del abandono de animales, evitando confusión y conflictos de competencia entre entes públicos. La claridad normativa y la correcta atribución de las responsabilidades son esenciales para tutelar los derechos de los ciudadanos y garantizar una adecuada indemnización en caso de daños.