La sentencia n.º 29117 del 17 de abril de 2024, dictada por el Tribunal de Nápoles, representa un importante precedente en materia de delitos urbanísticos y órdenes de demolición de obras ilegales. En este contexto, el principio de proporcionalidad asume un papel crucial, ya que requiere un equilibrio entre el interés público en la salvaguardia del territorio y el derecho de propiedad del individuo. Este artículo explorará las implicaciones de dicho principio, destacando cómo la jurisprudencia ha evolucionado para abordar cuestiones de relevancia social.
La sentencia en cuestión establece que la ejecución de la orden de demolición debe ajustarse al principio de proporcionalidad, tal como lo enuncia la jurisprudencia convencional. Esto implica que, antes de proceder a la demolición, es necesaria una evaluación de la interrelación entre el interés público y el derecho de propiedad del responsable del ilícito. En particular, la Corte ha aclarado que no se puede reconocer ninguna relevancia al interés habitacional de terceros ajenos al propietario del inmueble ilegal.
Orden de demolición - Principio convencional de proporcionalidad - Necesaria verificación de la relación de interrelación existente entre interés público e interés privado - Existencia - Límites - Indicación. En materia de delitos urbanísticos, el principio de proporcionalidad, enunciado por la jurisprudencia convencional, al que debe ajustarse la ejecución de la orden de demolición de obras ilegales, postula la evaluación de la única interrelación existente entre el interés público en la salvaguardia del territorio y la tutela del derecho de propiedad y de las correspondientes formas de disfrute del autor del delito o del propietario del inmueble y de su núcleo familiar más cercano, no pudiendo reconocerse relevancia alguna al interés habitacional de terceros ajenos, poseedores, a cualquier otro título, del artefacto ilegal ajeno, quienes, eventualmente, podrán obtener otras formas de satisfacción mediante medidas de asistencia social o el alquiler de inmuebles lícitos.
El Tribunal ha hecho referencia a diversos artículos de la Constitución italiana, como el art. 42, que protege el derecho de propiedad, y el art. 9, relativo a la protección del medio ambiente. Además, se han citado artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, destacando la importancia de estos principios en el contexto de la construcción y la protección de los derechos individuales. La integración de normas nacionales y europeas proporciona un marco jurídico sólido para la evaluación de las órdenes de demolición.
En conclusión, la sentencia n.º 29117 de 2024 representa un paso significativo en la definición del principio de proporcionalidad en materia de delitos urbanísticos. Pone el acento en la necesidad de considerar no solo el interés público, sino también el derecho de propiedad y las circunstancias específicas de cada caso. Esta sentencia invita a una reflexión más profunda sobre cómo gestionar los conflictos entre el respeto de las normas urbanísticas y los derechos individuales, contribuyendo así a un diálogo constructivo entre las necesidades de desarrollo urbano y la salvaguardia del territorio.