La sentencia n. 515 de 2020 de la Corte de Casación aborda un caso complejo de responsabilidad civil relacionado con un accidente de tráfico y el rechazo de un tratamiento médico vital. El objeto de discusión es el nexo de causalidad entre la conducta de conducción de un sujeto y la posterior muerte de la víctima, que se había negado a recibir una transfusión de sangre por motivos religiosos. Esta sentencia ofrece reflexiones significativas sobre la responsabilidad y la autodeterminación del paciente.
El contexto de la sentencia se desarrolla en torno a un accidente de tráfico mortal ocurrido en 1993. D.L.U., la víctima, se vio involucrada en un siniestro y, posteriormente, falleció en el hospital, donde se negó a recibir una transfusión de sangre. Los familiares solicitaron la indemnización de los daños, alegando que la muerte era directamente atribuible a la conducta imprudente del conductor del vehículo implicado.
El Tribunal de Roma había reconocido inicialmente la responsabilidad exclusiva del conductor, pero la Corte de Apelación, posteriormente, consideró que el rechazo de la transfusión había incidido en la posibilidad de supervivencia de la víctima, introduciendo el concepto de concurrencia de responsabilidad.
La Corte de Apelación estableció que la conducta de conducción del causante del daño y el rechazo de la transfusión habían contribuido ambos al evento muerte.
Un aspecto central de la sentencia es la forma en que la Corte interpretó el nexo de causalidad. La Corte aplicó el principio de la exposición voluntaria al riesgo, sosteniendo que D.L.U. se había expuesto voluntariamente a los riesgos inherentes a la circulación vial, siendo consciente de que en caso de accidente podría necesitar una transfusión. Este razonamiento conllevó una reducción de la responsabilidad del causante del daño.
La sentencia n. 515 de 2020 pone de manifiesto un conflicto entre el derecho a la autodeterminación del paciente y la responsabilidad civil. La Corte reiteró el derecho de D.L.U. a rechazar un tratamiento médico, sin embargo, también introdujo un elemento de responsabilidad compartida. Esta decisión plantea interrogantes sobre la posibilidad de considerar legítimo un rechazo que puede acarrear consecuencias fatales.
En conclusión, la sentencia evidencia la dificultad de equilibrar los derechos individuales con las responsabilidades civiles, un tema de creciente relevancia en el contexto jurídico actual.