La sentencia n.º 27382, emitida por la Corte de Casación el 8 de febrero de 2023, ha puesto un fuerte énfasis en la gravedad de la obstrucción a la justicia, destacando cómo las presiones ejercidas sobre los testigos pueden configurar el delito previsto en el artículo 377 del código penal. Este pronunciamiento no solo aclara las responsabilidades de quienes socavan la integridad del proceso, sino que también subraya la importancia de la protección de las personas que proporcionan declaraciones en la fase de investigación preliminar.
El artículo 377 del código penal italiano prevé que quienquiera ejerza presiones o amenazas sobre una persona que haya prestado declaraciones acusatorias es punible por obstrucción a la justicia. La Corte ha especificado que la conducta ilícita no requiere necesariamente que la persona ofendida haya participado ya en un juicio, sino que es suficiente que haya presentado una denuncia y, por lo tanto, entre en la categoría de "declarantes procesales". Este aspecto es fundamental para garantizar la seguridad de los testigos y la veracidad de los procedimientos judiciales.
Obstrucción a la justicia - Presiones sobre la persona ofendida que haya prestado declaraciones en la fase de investigación - Existencia del delito - Supuesto de hecho. Integra el delito de obstrucción a la justicia del art. 377 c.p. la conducta de quien ejerce presiones o amenazas sobre la persona que ha prestado declaraciones acusatorias en la fase de investigación preliminar para inducirla a retractarse en dicha fase o en perspectiva del posterior juicio. (Supuesto de hecho en el que la Corte ha considerado suficiente para integrar el delito la circunstancia de que la persona ofendida hubiera presentado denuncia y fuera, por tanto, encuadrable en la categoría de "declarantes procesales", aunque hubiera prestado información solo en la fase de investigación preliminar).
La decisión de la Corte de Casación tiene implicaciones significativas para el sistema judicial. Invita a reflexionar sobre cómo las amenazas y las presiones pueden comprometer la verdad procesal y la confianza en el sistema legal. Las autoridades competentes deben, por tanto, adoptar medidas adecuadas para proteger a los testigos y garantizar que puedan expresar libremente sus declaraciones sin temor a represalias.
La sentencia n.º 27382 de 2023 representa un paso adelante en la protección de la integridad del proceso penal. Las presiones sobre los testigos no solo comprometen la verdad, sino que ponen en riesgo todo el sistema judicial. Es esencial que el legislador y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley se comprometan a garantizar que los derechos de los declarantes sean protegidos, para que la justicia pueda ser servida de manera equitativa y transparente.