La reciente sentencia del Tribunal de Casación, Sección V Penal, n. 7354 del 19 de febrero de 2024, ofrece importantes reflexiones para los operadores del derecho y los administradores de sociedades. La resolución se refiere al caso de A.A., condenado por abuso de autoridad a raíz de la renuncia a un crédito reclamado por la II Progetto Verde Srl frente a la II Borgo Nuovo Srl. El Tribunal anuló la sentencia anterior, reenfocando la atención en elementos clave de la normativa y la jurisprudencia sobre el tema.
En el caso en cuestión, la Corte de Apelación de Florencia había condenado a A.A. a la pena de justicia por haber renunciado a un crédito de más de 774.000 euros durante una asamblea de la sociedad participada. La decisión se basó en la presunta responsabilidad por daño patrimonial causado a la sociedad. Sin embargo, A.A. impugnó la sentencia, argumentando que la renuncia era un acto neutro, dado que el crédito ya estaba sujeto a postergación y el patrimonio de la deudora era insolvente.
La jurisprudencia exige que el daño patrimonial sea causado intencionalmente a la sociedad, con dolo específico por parte del administrador.
El Tribunal puso de relieve algunos principios fundamentales relativos al abuso de autoridad. En particular, reiteró que, para configurar el delito previsto en el art. 2634 del Código Civil, es necesario que concurran determinados presupuestos:
Esta sentencia aclara que la mera renuncia a un crédito, en ausencia de intencionalidad de dañar a la sociedad, no puede constituir delito. El Tribunal también subrayó que la evaluación del perjuicio derivado de la renuncia debe considerar la dinámica de la actividad económica y no limitarse a datos estáticos, como el patrimonio inmobiliario de la deudora.
En conclusión, la sentencia n. 7354/2024 del Tribunal de Casación representa un importante paso adelante en la definición de los límites del abuso de autoridad en el ámbito societario. Los administradores deben ser conscientes de la necesidad de evitar conflictos de intereses y de actuar en el mejor interés de la sociedad. Esta decisión proporciona un marco jurídico más claro sobre cómo deben interpretarse las acciones de renuncia a créditos y las responsabilidades asociadas, subrayando la importancia de un dolo específico para la configuración del delito.