La reciente sentencia n.º 37860, emitida por la Corte de Casación el 28 de junio de 2024, ofrece una importante interpretación de la normativa italiana relativa al delito de reingreso no autorizado en el territorio del Estado, regulado por el artículo 13, apartado 13-bis, del decreto legislativo 25 de julio de 1998, n.º 286. El objeto de la controversia se refería a un sujeto que, tras obtener la ciudadanía de un Estado miembro de la Unión Europea, había sido acusado de reingreso tras una expulsión. La Corte aclaró que el "estatus" de ciudadano extranjero debe existir solo en el momento de la expulsión, no en el del reingreso.
El delito de reingreso no autorizado se configura cuando un ciudadano extranjero, expulsado judicialmente, reingresa al territorio italiano sin autorización. La normativa actual prevé que, para que se configure el delito, el sujeto deba ser considerado extranjero en el momento de la expulsión. Sin embargo, la sentencia en cuestión establece un principio fundamental: la condición de ciudadano extranjero no debe existir en el momento de la violación de la prohibición de reingreso.
Delito de reingreso no autorizado en el territorio del Estado - "Estatus" de ciudadano extranjero - Insistencia en el momento del reingreso - Irrelevancia - Hecho. El delito de reingreso no autorizado en el territorio del Estado, del artículo 13, apartado 13-bis, del d.lgs. 25 de julio de 1998, n.º 286, requiere que el "estatus" de ciudadano extranjero exista en el momento de la expulsión judicial, pero no también en el momento de la transgresión de la prohibición. (Hecho relativo a un sujeto que había incurrido en la conducta de reingreso tras haber obtenido la ciudadanía de un estado miembro de la Unión Europea).
Esta sentencia representa un significativo paso adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, destacando cómo la legislación debe interpretarse de manera que garantice la justicia. La importancia de tener un "estatus" claro y definido en el momento de la expulsión, en lugar de en el momento del reingreso, ofrece mayor seguridad jurídica a los sujetos interesados. Además, la decisión se alinea con los principios del derecho europeo, que refuerzan la protección de los derechos de los ciudadanos y su libertad de circulación.