El mundo de los contratos bancarios se caracteriza por numerosos aspectos técnicos que a menudo pueden resultar complejos para los consumidores. La reciente Ordenanza n.º 16456 del 13 de junio de 2024 del Tribunal de Casación ofrece reflexiones interesantes sobre la determinación de los intereses ultralegales. En particular, la sentencia aclara que la medida del tipo de interés no debe expresarse necesariamente en cifras, sino que puede determinarse a través de elementos externos y criterios preestablecidos, siempre que estos sean objetivamente identificables.
Según el Tribunal, a efectos de la validez del pacto escrito de intereses ultralegales, no se requiere la mera indicación numérica del tipo de interés. Este aspecto es crucial, ya que permite una mayor flexibilidad en la redacción de los contratos bancarios. La sentencia especifica que es posible hacer referencia a criterios objetivos y a elementos externos, siempre que estos no sean determinados unilateralmente por el banco y sean funcionales a la determinación concreta del tipo de interés.
En general. En materia de contratos bancarios, a efectos de la prueba del pacto por escrito de intereses ultralegales, la medida del tipo de interés no debe indicarse necesariamente con un indicador numérico, sino que bien puede determinarse mediante la referencia a criterios preestablecidos y a elementos extrínsecos, siempre que sean objetivamente individualizables, no determinados unilateralmente por el banco y funcionales a la determinación concreta del tipo de interés; regla análoga rige con respecto a la obligación de indicar el tipo de interés previsto en el art. 117, apartado 4, del TUB. (En aplicación del principio, la S.C. confirmó la sentencia de instancia que había considerado que el TAN del préstamo, aunque no se indicara numéricamente en el contrato, podía determinarse en función del TAEG reportado y de otros valores contenidos en el contrato).
Esta decisión tiene importantes repercusiones tanto para los consumidores como para las instituciones financieras. En primer lugar, los consumidores deben prestar atención a los criterios utilizados para determinar los intereses, asegurándose de que sean claros y comprensibles. Por otro lado, los bancos están llamados a una mayor transparencia en la redacción de los contratos, destacando los criterios de cálculo de los intereses de manera que el cliente pueda comprenderlos fácilmente.
En conclusión, la Ordenanza n.º 16456 de 2024 representa un importante paso adelante en la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito bancario. El principio establecido por el Tribunal de Casación ofrece nuevas oportunidades para la definición de los intereses ultralegales, favoreciendo una mayor flexibilidad, pero también requiere un mayor compromiso por parte de los bancos en la transparencia contractual. Los operadores del sector están, por tanto, llamados a reflexionar sobre cómo mejorar la comunicación de las condiciones contractuales, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los consumidores.