La sentencia del Tribunal de Casación del 30 de septiembre de 2024, n. 36329, ofrece una importante reflexión sobre el tema del decomiso de los beneficios derivados de delitos tributarios. En particular, la Corte anuló la sentencia del Tribunal de Ancona, destacando la omisión de la aplicación del decomiso obligatorio y de las penas accesorias, elementos fundamentales para una justicia equitativa y disuasoria.
El caso en cuestión se refiere a A.A., condenado por evasión fiscal por un importe significativo, superior a un millón de euros. La sentencia del Tribunal de Ancona había omitido ordenar el decomiso obligatorio del beneficio del delito, a pesar de la evidente necesidad de privar al delincuente de los beneficios ilícitos obtenidos. La Corte de Casación, remitiéndose al D.Lgs. n. 74 del 2000, reiteró que el decomiso se ordena siempre y no puede ser ignorado por el juez.
El decomiso opera de forma obligatoria, privando al autor del delito de cualquier beneficio económico derivado de la actividad delictiva.
La Corte aclaró que el decomiso obligatorio no solo tiene una función punitiva, sino también preventiva y disuasoria. Debe aplicarse en todos los casos en que exista un beneficio derivado de un delito, sin necesidad de un previo embargo preventivo. Este principio es fundamental para garantizar la eficacia del sistema penal y para tutelar los principios de legalidad y justicia.
Además del decomiso, la sentencia puso de relieve la importancia de las penas accesorias, que deben ser impuestas obligatoriamente. La Corte subrayó que estas penas, aunque no se ajusten a la gravedad de la conducta, desempeñan un papel crucial en la disuasión de comportamientos ilícitos. Las penas accesorias pueden incluir sanciones como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o la incapacidad de contratar con la administración pública.
La sentencia de la Corte de Casación n. 36329/2024 representa un importante paso adelante en la lucha contra la evasión fiscal, destacando la necesidad de aplicar rigurosamente las disposiciones sobre el decomiso y las penas accesorias. Este enfoque no solo contribuye a garantizar una mayor justicia social, sino que también sirve para reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es fundamental que los juristas y los contribuyentes comprendan la importancia de estas medidas en el contexto de un sistema penal que debe ser cada vez más eficaz y justo.