La sentencia n. 5380/2023 de la Corte de Casación ofrece una importante reflexión sobre la responsabilidad de las estructuras sanitarias en el contexto de daños sufridos por pacientes durante el parto, a la luz de un caso que involucró al recién nacido C.C. y a su familia. Esta decisión marca un punto de referencia crucial para la evaluación de la responsabilidad profesional y la gestión de las emergencias sanitarias.
En el caso tratado, los cónyuges A.A. y B.B. demandaron a la Azienda Sanitaria Locale de Lecce y a los médicos implicados por los daños derivados de las graves lesiones sufridas por su hijo al nacer. La Corte de Apelación de Potenza había desestimado inicialmente la demanda de indemnización, pero la Casación, con la sentencia de 2009, había admitido el recurso limitado a la responsabilidad de la estructura hospitalaria, destacando cómo la correcta gestión de un parto prematuro era fundamental.
El rechazo de la demanda de indemnización contra un médico no excluye la responsabilidad del centro hospitalario.
La Corte reiteró que, en caso de parto de riesgo, no basta demostrar la corrección de la actuación de los médicos para excluir la responsabilidad de la estructura sanitaria. En particular, la ineficiencia de los equipos y el retraso en el traslado a un centro equipado pueden constituir factores causales significativos para la aparición de daños. La sentencia subrayó que la responsabilidad de la estructura puede ser autónoma y directa, incluso en presencia de conductas correctas por parte del personal médico.
La sentencia n. 5380/2023 representa una importante afirmación del principio según el cual las estructuras sanitarias deben garantizar estándares adecuados para afrontar situaciones de emergencia. Las responsabilidades no pueden delegarse exclusivamente a los médicos: la estructura debe ser capaz de responder de manera eficiente a las necesidades de los pacientes. Este caso subraya la importancia de una continua evaluación de los recursos y los equipos disponibles en las estructuras sanitarias, para garantizar una protección adecuada para los pacientes, especialmente en situaciones críticas como el parto prematuro.