La sentencia n.º 27727 del 12 de mayo de 2023, emitida por la Corte de Casación, ofrece una importante reflexión sobre la composición del órgano judicial en las Cortes de Asís. En particular, el tema central se refiere a la superación del límite de edad para los jurados populares y las consecuencias que esto puede tener en la validez del proceso. Este artículo pretende analizar las razones que fundamentan la sentencia y su impacto en la jurisprudencia italiana.
La Corte ha establecido que la superación del sexagésimo quinto año de edad por parte de un jurado popular durante el curso del proceso no determina automáticamente la nulidad de la composición del órgano judicial. Este es un punto de gran relevancia, ya que ofrece claridad sobre las modalidades de funcionamiento de los jurados populares, subrayando que el requisito de edad debe cumplirse en el momento de la inclusión en las listas municipales y debe mantenerse hasta la extracción de los nombres.
Superación del límite máximo del sexagésimo quinto año de edad en el curso del proceso - Pérdida de la capacidad jurisdiccional - Exclusión - Razones. En materia de proceso ante la Corte de Asís, la superación, durante su desarrollo, del sexagésimo quinto año de edad por parte del jurado popular no determina ninguna nulidad por vicio de composición del órgano judicial, en cuanto el requisito de edad, si bien es relevante a efectos de la adquisición de la cualidad de juez, debe existir en el momento de la inclusión en las listas municipales y mantenerse hasta la extracción de los nombres de los componentes llamados a formar los jurados populares de la sesión. (Vea: n.º 5284 del 23/03/1998, Rv. 210479-01).
Esta sentencia tiene numerosas implicaciones que merecen ser subrayadas:
En resumen, la sentencia n.º 27727 de 2023 representa un importante punto de referencia para la jurisprudencia italiana, aclarando que la superación del sexagésimo quinto año de edad por parte de un jurado popular no comporta automáticamente la nulidad del proceso. Esta orientación no solo garantiza la eficacia del sistema judicial, sino que también asegura el respeto de los derechos de todos los actores involucrados. La Corte, a través de esta decisión, reafirma la importancia de un equilibrio entre los requisitos formales y la sustancia de la justicia, favoreciendo una visión más inclusiva y pragmática del papel de los jurados populares.