La sentencia n.º 50324 del 30 de noviembre de 2023, publicada por la Corte de Casación, ofrece una importante reflexión sobre la legitimidad del decreto de validación del incautamiento probatorio, con especial atención a la motivación "por remisión". Este principio jurídico, que se inserta en el contexto de las investigaciones preliminares, plantea cuestiones significativas sobre los derechos constitucionales y el correcto ejercicio del poder por parte de la fiscalía.
El decreto de validación, de conformidad con el Nuevo Código de Procedimiento Penal, es un acto fundamental en el proceso penal, ya que determina la legitimidad de un incautamiento realizado por la policía judicial. La Corte ha aclarado que la motivación "por remisión" implica que el ministerio público debe realizar una evaluación crítica de los actos referidos, en un contexto en el que la conexión entre el delito y la "res" objeto del incautamiento puede ser indirecta.
Decreto de validación del incautamiento probatorio - Motivación "por remisión" - Legitimidad – Condiciones. En materia de incautamiento probatorio de iniciativa de la policía judicial, el decreto de validación motivado "por remisión" postula que la evaluación crítica que el ministerio público está obligado a realizar en referencia a los actos referidos sea tanto más relevante cuanto más «indirecta» sea la conexión entre el delito y la "res" y cuanto mayores resulten el nivel de progresión investigativa y el grado de restricción de los derechos constitucionales involucrados.
La Corte ha destacado que, en presencia de una conexión indirecta entre el delito y el objeto del incautamiento, la responsabilidad del ministerio público se intensifica. Debe garantizar una evaluación precisa que tenga en cuenta no solo la relevancia probatoria, sino también la restricción de los derechos fundamentales de las personas involucradas. Esto implica un equilibrio entre el interés público en la búsqueda de la verdad y la salvaguardia de los derechos personales.
La sentencia n.º 50324 del 30/11/2023 se inserta en un contexto jurídico en continua evolución, donde la protección de los derechos fundamentales debe ser siempre el centro de la actuación de la justicia. La motivación "por remisión" representa, por lo tanto, un criterio esencial para garantizar la legitimidad de las medidas restrictivas, en tutela no solo de la legalidad, sino también de la dignidad de las personas involucradas en el procedimiento penal.