La sentencia del Tribunal de Casación del 4 de marzo de 2004, n. 4400, representa un importante punto de referencia en la jurisprudencia italiana relativa a la responsabilidad profesional en el ámbito sanitario. En este caso, los familiares de un paciente fallecido a causa de un error de diagnóstico buscaron justicia, pero el Tribunal tuvo que abordar cuestiones complejas relacionadas con la carga de la prueba y el nexo causal entre la conducta de los médicos y el evento letal.
El asunto se originó por la muerte de A.B., ingresado en un hospital de Rho por fuertes dolores abdominales. Los médicos, tras una visita, omitieron realizar más pruebas y el paciente falleció a causa de la rotura de un aneurisma de aorta. Los familiares, por lo tanto, demandaron al ente hospitalario, alegando que el fallecimiento se debía a un error de diagnóstico.
La responsabilidad del ente hospitalario responde directamente de la negligencia e impericia de sus empleados en el ámbito de las prestaciones sanitarias efectuadas al paciente.
El Tribunal de Milán inicialmente acogió las conclusiones de un perito técnico, reconociendo el error de diagnóstico, pero excluyó la responsabilidad por falta de nexo causal. La Corte de Apelación reiteró esta posición, sosteniendo que no había elementos suficientes para afirmar la culpa de los sanitarios y que las posibilidades de supervivencia del paciente, en caso de diagnóstico correcto, eran remotas.
El Tribunal de Casación acogió el recurso, destacando que el ente hospitalario tiene la carga de probar que la prestación se realizó correctamente. Además, el Tribunal afirmó que, en caso de responsabilidad contractual, corresponde al deudor demostrar la ausencia de culpa, no al acreedor demostrar lo contrario. Este principio se basa en el artículo 1218 del Código Civil, que establece la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones.
La sentencia n. 4400 de 2004 es fundamental para comprender el delicado equilibrio entre los derechos de los pacientes y la responsabilidad de los entes sanitarios. Aclara que el error de diagnóstico y la falta de pruebas pueden constituir un incumplimiento, y que la prueba de la culpabilidad corresponde al ente hospitalario. Esta decisión tiene importantes implicaciones para los casos de mala praxis médica, subrayando la importancia de un diagnóstico oportuno y correcto para garantizar la seguridad de los pacientes.