La sentencia n. 47331 de 2023 de la Corte de Casación aborda temas relevantes en materia de derecho penal, en particular sobre la validez del embargo preventivo en relación con la prescripción del delito de estafa. Esta decisión ofrece importantes puntos de reflexión para abogados y profesionales del sector legal, aclarando las dinámicas entre el delito de estafa y las medidas de embargo.
Los recurrentes, A.A. y B.B., impugnaron el auto del Tribunal de Matera que confirmaba el embargo preventivo de sus disponibilidades financieras. La cuestión central se refiere a la prescripción del delito de estafa, lo que llevó a una solicitud de revocación del embargo, respaldada por la necesidad de una motivación adecuada sobre el mantenimiento del vínculo.
La Corte aclaró que, una vez declarada la prescripción del delito de estafa, el embargo no puede permanecer automáticamente en vigor sin una justificación adecuada.
La Corte consideró que el embargo preventivo se había dispuesto no solo por el delito de estafa, sino también por las hipótesis de blanqueo de capitales. Esto significa que la prescripción del delito de estafa no implica automáticamente la caducidad del embargo, ya que este último puede justificarse también por otras tipologías de delitos.
Sin embargo, la Corte puso de relieve la ausencia de una motivación adecuada por parte del Tribunal en cuanto a la medida del beneficio confiscable, especialmente después de la declaración de prescripción. Es fundamental que los jueces motiven por qué el vínculo real debe permanecer en vigor, considerando la necesidad de un valor confiscable distinto y específico para los delitos de blanqueo de capitales.
La sentencia n. 47331 de 2023 representa una importante afirmación en materia de derecho penal, destacando la importancia de una correcta motivación y de una distinción clara entre los diversos delitos asociados al embargo preventivo. Los abogados deberán prestar especial atención a estos detalles en los casos de embargo, para garantizar que los derechos de sus representados sean siempre tutelados, especialmente en presencia de delitos prescritos.