La reciente sentencia n. 26919 del 15 de marzo de 2024 del Tribunal de Milán ofrece puntos de reflexión significativos sobre la competencia territorial en materia de difamación cometida a través de transmisiones de radio y televisión. Este tema, de gran relevancia en el panorama jurídico italiano, merece un análisis en profundidad para comprender las implicaciones legales y las normas aplicables.
El Tribunal de Milán ha abordado el delicado tema de la competencia territorial en el caso de difamación, especificando que, de acuerdo con el art. 30, apartado 5, de la ley de 6 de agosto de 1990, n. 223, la competencia debe establecerse en referencia al fuero de residencia de la persona ofendida. Esto implica que, independientemente de quién sea el sujeto llamado a responder del delito, la jurisdicción corresponde al lugar donde vive la víctima de la difamación.
Difamación cometida a través de transmisiones de radio y televisión - Atribución de un hecho determinado - Competencia territorial - Fuero de residencia de la persona ofendida. En materia de difamación cometida a través de transmisiones de radio y televisión y consistente en la atribución de un hecho determinado, incluso después de la sentencia n. 150 de 2021 de la Corte Constitucional, la competencia territorial debe establecerse, en aplicación del art. 30, apartado 5, segunda parte, ley de 6 de agosto de 1990, n. 223, con referencia al fuero de residencia de la persona ofendida, sea quien sea el sujeto llamado a responder del delito.
Esta sentencia representa una importante evolución en la jurisprudencia italiana respecto a la difamación, en particular en lo que se refiere a los medios de comunicación de masas. La Corte ha subrayado que la persona ofendida tiene derecho a obtener justicia en el fuero que le sea más favorable, considerando el poder lesivo que las afirmaciones difamatorias pueden tener sobre la reputación y la imagen de la persona interesada.
La sentencia n. 26919 de 2024 representa un paso adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos, permitiéndoles actuar en juicio en el fuero más cercano y pertinente. La importancia de tal decisión reside en su capacidad para garantizar un acceso más equitativo a la justicia para las víctimas de difamación, contribuyendo así a un entorno mediático más responsable y respetuoso de la dignidad ajena.