La sentencia n.º 25169, de 15 de febrero de 2023, publicada el 9 de junio de 2023, ofrece una importante reflexión sobre la configuración del delito de peculado para los titulares de recepturías de lotería. Este pronunciamiento de la Corte de Casación ha suscitado interrogantes sobre la gestión del dinero público y las responsabilidades de los funcionarios públicos en contextos específicos como el de las apuestas.
El caso en cuestión se refería a Amos U., titular de una recepturía de lotería, acusado de peculado por haber realizado apuestas para sí mismo sin ingresar el importe debido al Estado. La Corte de Apelación de Turín había condenado al sujeto, pero la Corte Suprema anuló esta decisión, reiterando que el delito de peculado no se configura en tales circunstancias.
Juego de la lotería - Titular de la recepturía que realiza apuestas para sí mismo sin el pago debido - Naturaleza pública del dinero - Exclusión. No se configura el delito de peculado contra el titular de una recepturía de lotería que realiza en su local apuestas para sí mismo sin ingresar el importe debido al Estado, en defecto de la naturaleza pública del dinero objeto de la pretendida apropiación. (En la motivación, la Corte precisó que de dicho dinero, no objeto de recaudación, el receptor no adquiere la disponibilidad en razón de su oficio, ni se apropia de él con interversión del título de posesión).
La Corte aclaró que el dinero objeto de la pretendida apropiación, en el caso específico de las apuestas realizadas por el receptor, no se considera público a efectos de la configuración del delito de peculado. Esto significa que el titular de la recepturía no adquiere la disponibilidad de dicho dinero en virtud de su cargo, ni mucho menos se apropia de él de manera ilegítima.
Esta interpretación no solo aclara la posición del receptor, sino que también refleja un principio más amplio relativo a la distinción entre bienes públicos y privados dentro del sistema jurídico italiano.
En conclusión, la sentencia n.º 25169 de 2023 representa un importante paso adelante en la comprensión de la responsabilidad de los funcionarios públicos en el contexto de la gestión del dinero público. Pone de manifiesto la necesidad de una clara distinción entre el dinero que se considera público y el que no lo es, especialmente en situaciones de juego. Este pronunciamiento no solo tranquiliza a los titulares de recepturías, sino que también ofrece motivos de reflexión para posibles futuras reformas legislativas en materia de derecho penal y gestión de los funcionarios públicos.