La reciente ordenanza del Tribunal Supremo de Casación, n.º 24731 de 2024, ofrece importantes reflexiones en materia de manutención de hijos mayores de edad. La cuestión central se refiere a la carga de la prueba, es decir, quién debe demostrar las condiciones necesarias para el derecho a la manutención. En este caso, el recurrente A.A. impugnaba una decisión de la Corte de Apelación de Trieste, que le había impuesto la obligación de abonar una contribución para la manutención de su hija C.C., a pesar de que la joven ya era mayor de edad y había iniciado estudios universitarios.
El Tribunal de Pordenone había revocado inicialmente la obligación de manutención, considerando que la hija era autosuficiente. Sin embargo, la Corte de Apelación revocó esta decisión, destacando que el inicio tardío de los estudios universitarios y los trabajos precarios no eran suficientes para demostrar la autosuficiencia económica de la joven. En particular, la Corte subrayó que la obligación de manutención debe evaluarse teniendo en cuenta factores sociales e individuales.
Es fundamental que la carga de la prueba de las condiciones que fundamentan el derecho a la manutención recaiga en el solicitante y no en el progenitor.
A.A. presentó recurso, alegando que la Corte de Apelación había invertido erróneamente la carga de la prueba. De hecho, según la jurisprudencia consolidada, corresponde al solicitante demostrar la falta de autosuficiencia económica y el compromiso en la búsqueda de un empleo. La Corte de Casación acogió este argumento, afirmando que la evaluación debe tener necesariamente en cuenta la situación concreta del hijo mayor de edad, considerando el principio de autoresponsabilidad.
La sentencia n.º 24731 de 2024 representa una importante etapa en la jurisprudencia italiana relativa a la manutención de hijos mayores de edad. La Corte de Casación reiteró que la carga de la prueba recae en quien solicita la manutención, afirmando la necesidad de una evaluación caso por caso. Este enfoque garantiza una mayor equidad y consideración de las diferentes realidades familiares, evitando generalizaciones que podrían vulnerar los derechos de los hijos. Por lo tanto, es esencial que los padres comprendan las implicaciones de tales decisiones y se preparen adecuadamente en caso de litigio.