La reciente sentencia n.º 16867, de 30 de enero de 2024, dictada por la Corte de Casación, aborda una cuestión crucial relativa a la liquidación de las costas procesales en el contexto de la reparación por detención injusta. Este pronunciamiento no solo aclara las responsabilidades de las partes implicadas, sino que también pone de relieve la importancia del principio de correlación entre lo que se ha solicitado en juicio y lo que efectivamente decide el juez.
La Corte examinó un caso en el que se desestimó la demanda de reparación por detención injusta. En tal situación, la parte vencida fue condenada al pago de las costas procesales, salvo que el Ministerio hubiera solicitado la compensación. La Corte reiteró que, en ausencia de dicha solicitud, existe la obligación de condenar al pago de las costas, incluso de oficio.
Liquidación de costas de oficio - Necesidad - Solicitud de compensación del Ministerio - Condena del solicitante vencido al pago de las costas - Violación del principio de correlación entre lo pedido y lo resuelto - Existencia - Razones. En el procedimiento de reparación por detención injusta, la parte vencida debe ser condenada, incluso de oficio, al pago de las costas procesales, en el caso de que, tras la constitución del Ministerio, se haya desestimado la demanda de reparación, salvo que el propio Ministerio haya solicitado la compensación de las costas del juicio. (En la motivación, la Corte precisó que, en el caso de que se haya solicitado la compensación de las costas, la resolución de condena de la parte vencida al pago de las costas judiciales resulta dictada más allá de los límites de la demanda, en violación del principio de correlación entre lo pedido y lo resuelto).
Esta sentencia tiene diversas implicaciones significativas para el derecho procesal penal y civil. Es esencial que las partes comprendan que la solicitud de compensación de las costas por parte del Ministerio no debe subestimarse. Si no se solicita expresamente, la condena al pago de las costas se convierte en una obligación automática para la parte vencida.
En conclusión, la sentencia n.º 16867 de 2024 representa un importante paso adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos en el contexto de la reparación por detención injusta. La claridad proporcionada por la Corte en cuanto a las costas procesales y el principio de correlación ofrece una guía valiosa para abogados y ciudadanos, garantizando una mayor equidad en el proceso jurídico. Es fundamental que todos los actores implicados en el sistema legal comprendan estas disposiciones para evitar controversias futuras.