La reciente sentencia n.º 11698 del 30 de abril de 2024, dictada por la Corte de Apelación de Venecia, ofrece una importante reflexión sobre las dinámicas del embargo a terceros, en particular en lo que respecta a las rentas de alquiler. La decisión se enmarca en un contexto jurídico complejo, donde las acciones ejecutivas se entrelazan y requieren una gestión cuidadosa por parte de los jueces.
La Corte abordó el caso en el que sumas adeudadas en concepto de rentas de alquiler, ya objeto de embargo en el marco de un procedimiento ejecutivo inmobiliario, eran nuevamente embargadas por otro acreedor. La cuestión central era si era posible proceder a un embargo adicional de sumas ya consideradas como frutos civiles de un inmueble embargado.
DEL EJECUTIVO En general. En caso de embargo a terceros de las sumas adeudadas al deudor en concepto de renta de alquiler de un inmueble ya embargado por otro acreedor, debiéndose considerar dichas sumas ya embargadas, a tenor del art. 2912 c.c., como frutos civiles del inmueble, el juez de la ejecución a terceros, a quien el tercero declare que las rentas ya han sido embargadas en el marco de la ejecución inmobiliaria, debe remitir el expediente al juez de esta última para que proceda a la reunión parcial, tratándose de múltiples acciones ejecutivas iniciadas por acreedores distintos sobre bienes parcialmente coincidentes.
Esta máxima aclara que, en presencia de múltiples acciones ejecutivas iniciadas sobre bienes parcialmente coincidentes, es fundamental una gestión coordinada de los procedimientos. En particular, el juez de la ejecución a terceros debe remitir el expediente al juez de la ejecución inmobiliaria para garantizar una correcta reunión de las acciones.
Las implicaciones de esta sentencia son múltiples:
Esta sentencia se inscribe en la línea de una jurisprudencia que tiende a garantizar certeza y estabilidad en las relaciones entre acreedores, promoviendo una gestión más eficiente de las ejecuciones forzosas.
En conclusión, la sentencia n.º 11698 del 30 de abril de 2024 representa un importante paso adelante en la regulación de los procedimientos ejecutivos en Italia. Subraya la importancia de una gestión coordinada de las acciones ejecutivas y la necesidad de tutelar los derechos de todos los acreedores involucrados. La Corte de Apelación de Venecia, a través de esta decisión, contribuye a aclarar los límites y las modalidades de interacción entre los diversos procedimientos ejecutivos, haciendo el sistema jurídico más cohesionado y comprensible.