La sentencia n.º 11193 del 26 de abril de 2024, emitida por la Corte de Casación, representa una importante ocasión para reflexionar sobre la cuestión de los límites edificatorios y la relación con las normas sobrevenidas, también conocido como ius superveniens. En particular, la Corte se ha pronunciado sobre la necesidad de un análisis concreto de las consecuencias derivadas de la aplicación de nuevas disposiciones normativas.
La controversia versaba sobre un conflicto entre G., quien había construido un edificio, y R., que impugnaba la legalidad de la construcción basándose en las nuevas normas edificatorias. La Corte de Casación reiteró un principio fundamental: la evaluación del carácter restrictivo de las normas sobrevenidas no puede realizarse en abstracto, sino que debe efectuarse considerando las consecuencias específicas para el edificio existente.
Ius superveniens - Juicio de restrictividad - Concreción - Necesidad - Consecuencias. En caso de sucesión en el tiempo de normas edificatorias, la evaluación del carácter restrictivo del ius superveniens debe realizarse no en abstracto, sino en concreto, verificando las consecuencias que al edificante le derivan de la aplicación de la nueva disciplina, de modo que esta última, si excluye el principio de la prevención imponiendo una distancia del lindero, no se aplica al demandado que, en base a dicha disciplina sobrevenida, resulte obligado a retranquear la edificación.
La máxima expresada por la Corte evidencia que, en presencia de nuevas normativas, es esencial considerar la especificidad del caso concreto en lugar de aplicar una regla general. Este enfoque se vincula al principio de concreción, estableciendo que las nuevas normas edificatorias no pueden perjudicar situaciones ya consolidadas, a menos que impliquen una objetiva necesidad de adecuación.
La sentencia n.º 11193 de 2024 representa un importante paso adelante en la jurisprudencia italiana relativa a las normas edificatorias y su relación con los derechos de propiedad. Subraya la importancia de un análisis concreto y específico de las consecuencias de las nuevas normativas, evitando aplicaciones rígidas que puedan lesionar derechos ya adquiridos. Esta visión equilibrada entre innovación y tutela de los derechos preexistentes es fundamental para garantizar un sistema jurídico justo y adecuado a las necesidades de la sociedad contemporánea.