La sentencia n.º 20035 de 2023 de la Corte de Casación, depositada el 11 de mayo, aborda una cuestión crucial en el derecho procesal penal: la importancia de la traducción de los actos para garantizar un juicio justo a todos los imputados, independientemente de su conocimiento del idioma italiano. Este caso, que involucra al imputado U. I. V., pone de relieve la delicadeza de los procedimientos legales cuando se trata de personas que no hablan italiano y las consecuencias de la falta de traducción del decreto de citación a apelación.
La Corte de Apelación de L'Aquila declaró inadmisible el recurso, pero el punto central de la sentencia se refiere a la nulidad derivada de la omisión de la traducción del decreto de citación a apelación. La máxima de la sentencia dice:
Imputado no italoparlante - Falta de traducción del decreto de citación a apelación - Nulidad general de régimen intermedio - Sanable. La nulidad derivada de la omisión de la traducción del decreto de citación a apelación al imputado no italoparlante que no comprende el italiano es de orden general de régimen intermedio y, por lo tanto, debe considerarse subsanada si no se alega tempestivamente.
Este pasaje destaca que la nulidad se considera de orden general, lo que significa que puede afectar a todo el proceso, pero es subsanable, siempre que no se alegue tempestivamente. Las referencias normativas, como los artículos 143 y 180 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, subrayan la importancia del derecho a la traducción para garantizar la comprensión de los actos por parte del imputado.
Las implicaciones de esta sentencia son múltiples y afectan a la equidad del proceso penal. En particular:
Es fundamental que los abogados sean conscientes de estas dinámicas para poder tutelar adecuadamente los derechos de sus defendidos. La falta de traducción no es solo una cuestión formal, sino que afecta a los derechos fundamentales del imputado, comprometiendo el principio del juicio justo consagrado en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En conclusión, la sentencia n.º 20035 de 2023 ofrece una importante reflexión sobre el respeto de los derechos de los imputados no italoparlantes en el sistema jurídico italiano. La atención a la traducción de los actos no debe verse como un mero cumplimiento burocrático, sino como un elemento esencial para garantizar un proceso equitativo y justo. La subsanabilidad de la nulidad, si no se alega tempestivamente, representa una invitación a los abogados a ser proactivos en la protección de los derechos de sus clientes, para que nadie quede excluido del derecho a la defensa y a la comprensión de su propio proceso.