La sentencia n.º 33865, de 1 de junio de 2023, depositada el 1 de agosto de 2023, ofrece puntos de reflexión significativos para comprender la condición de incapacidad por enfermedad en el contexto del delito de secuestro de persona. En particular, perfila las situaciones en las que una reducción de la esfera cognitiva y/o volitiva de la persona ofendida puede influir en la procedibilidad de oficio del delito. Este aspecto es crucial para garantizar una justicia equitativa y para tutelar los derechos de las víctimas en condiciones de vulnerabilidad.
Según el artículo 605 del Código Penal, el secuestro de persona es un delito que prevé, en determinadas circunstancias, la procedibilidad de oficio. La sentencia en cuestión reitera un principio fundamental: la incapacidad por enfermedad no debe derivar necesariamente de dolencias psiquiátricas o neurológicas, sino que puede manifestarse también en situaciones transitorias en las que la persona presenta una reducción de sus capacidades cognitivas y volitivas.
La incapacidad por enfermedad de la persona ofendida, que constituye presupuesto normativo para la procedibilidad de oficio del delito de secuestro de persona, delinea todas aquellas situaciones en las que, incluso transitoriamente, y no necesariamente a causa de una enfermedad o trastorno psiquiátrico o neurológico, el sujeto pasivo presente una reducción de su esfera cognitiva y/o volitiva, aun cuando sus capacidades intelectivas no resulten radicalmente comprometidas o grandemente mermadas en su conjunto.
Este principio está en línea con las anteriores máximas jurisprudenciales, que ya han abordado el tema de la incapacidad en contextos similares. Las máximas anteriores, como la n.º 17762 de 2014 y la n.º 9163 de 2005, ponen de relieve la importancia de considerar las condiciones individuales de la víctima con el fin de garantizar una correcta aplicación de la ley.
En conclusión, la sentencia n.º 33865 de 2023 representa un importante paso adelante en la tutela de las víctimas de delitos graves como el secuestro de persona. La clarificación de la noción de incapacidad por enfermedad ofrece herramientas útiles para garantizar que las personas vulnerables sean protegidas y que la justicia pueda ser adecuadamente aplicada. Es fundamental, por tanto, que los operadores jurídicos sean cada vez más conscientes de las implicaciones de dicha noción, para asegurar una justicia equitativa y respetuosa de los derechos de todos.