La sentencia n.º 13157 del 6 de abril de 2022 del Tribunal Supremo pone de manifiesto la gravedad de los maltratos sufridos por menores en el ámbito escolar, condenando a tres maestras por conductas inaceptables. Este caso es emblemático no solo por su dramatismo, sino también por las implicaciones legales que plantea respecto al derecho a la defensa y a la recalificación jurídica de los hechos.
Las tres acusadas, C.L., G.S. y B.M.A., habían sido condenadas en primera instancia por maltratos a alumnos de escuela infantil. Las acusaciones incluían violencias físicas y psicológicas, como golpes y humillaciones, que habían causado sufrimiento a los niños, en un contexto educativo en el que su bienestar debía ser la prioridad. La Corte de Apelación de Turín confirmó la sentencia condenatoria, recalificando los hechos en virtud del art. 572 c.p., relativo a los maltratos, en lugar del art. 571 c.p., que se refiere al abuso de los medios de corrección.
El Tribunal Supremo desestimó los recursos, subrayando que la modificación jurídica no supuso un tratamiento sancionador más severo para las acusadas.
El Tribunal Supremo desestimó los recursos presentados por las acusadas por diversos motivos, señalando que:
Esta sentencia ofrece motivos de reflexión sobre diversos aspectos del derecho penal italiano y sobre cómo se tratan los delitos contra menores. El Tribunal reiteró que incluso un número limitado de episodios de violencia, si son sistemáticos y dirigidos a menores, pueden configurar el delito de maltratos. Además, la sentencia aclara cómo la recalificación de los hechos no debe necesariamente menoscabar el derecho a la defensa, siempre que el sujeto acusado sea puesto en condiciones de conocer y rebatir la nueva argumentación acusatoria.
En conclusión, la sentencia n.º 13157/2022 del Tribunal Supremo representa un importante precedente jurídico que subraya la necesidad de proteger a los menores de abusos y maltratos. Al mismo tiempo, pone de manifiesto la importancia de garantizar el derecho a la defensa de los acusados, para que el proceso penal respete los principios del debido proceso. Las sentencias de este tipo son fundamentales para la mejora del sistema educativo y la tutela de los derechos de los más vulnerables.