La reciente sentencia del Tribunal de Casación, Sección V Penal, n. 509 del 10 de enero de 2023, ofrece puntos de reflexión significativos sobre la responsabilidad penal de los administradores en caso de bancarrota fraudulenta. En el caso específico, A.A. fue condenado por la cesión sin contraprestación de una rama de actividad durante la quiebra de su sociedad, poniendo de relieve la distinción entre gestión legítima e ilícita de las empresas.
El Tribunal de Apelación de Bolonia había reducido inicialmente la pena impuesta a A.A. por bancarrota fraudulenta, pero no pudo eximirse de confirmar la responsabilidad penal del imputado. La acusación se basaba en pruebas concretas que demostraban la cesión de bienes empresariales cruciales a la (Omissis) Srl, una sociedad atribuible a él, sin ninguna contraprestación.
La cesión de una rama de actividad que imposibilite la consecución útil del objeto social integra el delito de bancarrota fraudulenta.
El Tribunal reiteró que la bancarrota fraudulenta se configura incluso en ausencia de una contraprestación adecuada por la cesión de bienes. Este aspecto es crucial para comprender las responsabilidades de los administradores y la necesidad de una gestión empresarial transparente y conforme a la ley. La decisión se alinea con la jurisprudencia consolidada en la materia, que establece que cualquier operación que perjudique a los acreedores es perseguible penalmente.
Además, la sentencia aclaró que la simple condición de administrador no exime de responsabilidad en caso de gestión ilícita. A.A. había desempeñado un papel activo en la gestión de la sociedad, lo que hizo evidente su responsabilidad en la distracción de los bienes.
La sentencia del Tribunal de Casación n. 509 de 2023 subraya la importancia para los administradores de actuar siempre respetando la ley y los intereses de los acreedores. Las implicaciones de dicha decisión son significativas no solo para A.A., sino para todos los operadores económicos, quienes deben ser conscientes de las consecuencias penales de una gestión incorrecta de sus empresas. La transparencia y la corrección deben ser el centro de la gestión empresarial para evitar incurrir en sanciones penales y daños reputacionales.