La sentencia dictada por la Corte de Casación el 12 de noviembre de 2024, relativa al caso de un ciudadano albanés condenado por graves delitos, ofrece importantes reflexiones sobre las normas de protección internacional. En particular, la Corte ha establecido que la comisión de delitos graves puede constituir causa de exclusión de la protección internacional, con evidentes implicaciones para las solicitudes de asilo.
El recurrente, A.A., había solicitado protección internacional mientras cumplía condena en prisión por triple homicidio. La Corte analizó su situación, destacando que la gravedad del delito cometido constituye un obstáculo para el acceso a la protección. En particular, el Tribunal de Milán ya había excluido la protección internacional basando su decisión en las disposiciones de los arts. 10 y 16 del D.Lgs. 251/2007, que prevén causas de exclusión por delitos graves.
La comisión de delitos de una gravedad tal que no merecen protección internacional es un principio consolidado en la jurisprudencia.
La Corte reiteró que las causas de exclusión no se limitan a la simple existencia de una condena, sino que se refieren a la existencia de "motivos fundados" para considerar que el solicitante ha cometido actos de violencia. Se subrayó que la evaluación corresponde al juez, quien debe analizar cada caso de forma autónoma. Entre los puntos destacados de la decisión se encuentran:
Esta sentencia tiene relevantes consecuencias para quienes solicitan asilo en Italia, ya que subraya la importancia de una conducta legal y transparente por parte de los solicitantes. La Corte destacó que la vida privada y familiar tutelable no puede ser invocada por quien ha mantenido una identidad falsa y ha vivido como fugitivo. Esto implica que la integración social y la regularidad de la permanencia en el país son requisitos fundamentales para la concesión de la protección.
La sentencia ordena una profunda reflexión sobre la condición de los solicitantes de asilo y la importancia de la legalidad. La Corte de Casación ha trazado una línea clara entre quienes pueden aspirar legítimamente a la protección internacional y quienes, debido a sus acciones, se encuentran excluidos de tal posibilidad. Respetar las reglas del país de acogida es fundamental para garantizar no solo el propio futuro, sino también el de la propia familia.