La sentencia del Tribunal de Casación del 19 de febrero de 2020, n. 12976, aborda un tema de gran relevancia en el derecho de familia, en particular en lo que respecta a la custodia de los menores y las consecuencias legales de la elusión de las prescripciones judiciales. En este caso, R. M. fue condenada por impedir los encuentros protegidos entre la hija y el padre, pero el Tribunal planteó importantes dudas sobre la configuración del delito de elusión.
R. M. fue inicialmente condenada por haber eludido una orden judicial que establecía encuentros protegidos con el padre de la menor. Sin embargo, el Tribunal de apelación de Caltanissetta declaró posteriormente la no punibilidad de la acusada, reconociendo la particular tenacidad del hecho. Posteriormente, R. M. presentó recurso de casación, impugnando diversos aspectos de la sentencia.
En este contexto, el concepto de elusión no puede equipararse simplemente al incumplimiento, requiriendo una evaluación más profunda de las circunstancias del caso.
El Tribunal de Casación consideró infundadas las dos primeras quejas relativas al rechazo de las solicitudes de aplazamiento. Sin embargo, admitió las críticas relativas a la falta de consideración de elementos probatorios exculpatorios y a la confusión entre elusión e incumplimiento por parte del Tribunal de apelación. El Tribunal especificó que para que se configure el delito de elusión, es necesario que el progenitor se sustraiga de mala fe a las obligaciones impuestas por el juez, y no se trate de una mera inobservancia.
La sentencia del Tribunal de Casación representa una importante reflexión sobre los derechos de los padres y los deberes para con los menores. La distinción entre elusión e incumplimiento es crucial para la defensa de los derechos de los padres y para la protección del bienestar de los menores. El Tribunal ordenó un nuevo juicio, invitando a una evaluación más atenta de las circunstancias de hecho y de las pruebas presentadas. Esta sentencia subraya la importancia de una interpretación rigurosa de las normas y los principios de derecho, para que la justicia pueda ser realmente equitativa y equilibrada.