La sentencia n.º 37236 de la Corte de Casación, depositada el 10 de octubre de 2024, aborda un tema de gran relevancia en el ámbito del derecho ambiental: la combustión ilícita de residuos. Este pronunciamiento marca un paso significativo en la afirmación de la responsabilidad ambiental, aclarando que la suspensión condicional de la pena puede estar supeditada no solo al restablecimiento del estado de los lugares, sino también al pago de los gastos de remediación, independientemente de si el autor del delito es o no el propietario del terreno afectado.
La Corte hizo referencia al art. 256-bis, párrafo 1, del decreto legislativo 3 de abril de 2006, n.º 152, el cual establece claramente las obligaciones a cargo de quienquiera que se encuentre en relación con el sitio contaminado. Este artículo representa una clara expresión de la voluntad legislativa de tutelar el medio ambiente, imponiendo responsabilidades no solo a los propietarios, sino también a quienes, de cualquier modo, contribuyen a la degradación ambiental.
Delito de combustión ilícita de residuos - Suspensión condicional de la pena supeditada al restablecimiento del estado de los lugares y a los gastos de remediación - Obligación a cargo del autor de la infracción no propietario del terreno - Legitimidad - Razones. En materia de combustión ilícita de residuos, es legítimo supeditarr la suspensión condicional de la pena al restablecimiento del estado de los lugares y al pago de los gastos de remediación, incluso en el caso en que el autor del delito no sea el propietario del terreno afectado por la conducta ilícita, tratándose de obligaciones expresamente previstas por el art. 256-bis, párrafo 1, última parte, d.lgs. 3 de abril de 2006, n.º 152, a cargo de quienquiera que se encuentre en relación, incluso de mero hecho, con el sitio contaminado.
Esta sentencia tiene importantes implicaciones prácticas. Establece que quien cometa el delito de combustión de residuos, incluso si no es el propietario del terreno, está obligado a restablecer el área afectada y a asumir los costos de remediación. Esto significa que los responsables de tales conductas ilícitas no pueden eludir sus responsabilidades, contribuyendo a una mayor protección del medio ambiente.
La sentencia n.º 37236 de 2024 representa una importante afirmación de los principios de responsabilidad y tutela ambiental. Subraya la necesidad de un enfoque integrado en la lucha contra la combustión ilícita de residuos, donde cada actor involucrado tiene un papel que desempeñar. La Corte de Casación, con esta decisión, no solo refuerza el marco normativo existente, sino que también envía un mensaje claro: la protección del medio ambiente es una responsabilidad colectiva.