La reciente auto n. 16027, de fecha 7 de junio de 2024, emitida por la Corte de Casación, aborda un tema crucial en el ámbito de los procedimientos de ejecución forzosa: los gastos de registro del auto de asignación en caso de embargo de terceros. Esta disposición jurídica proporciona aclaraciones importantes sobre las responsabilidades relativas al pago de dichos gastos, especialmente en caso de imposibilidad de recuperar el crédito.
La cuestión central de la sentencia se refiere a la identificación del sujeto obligado al pago de los gastos de registro en ausencia de un cargo expreso al ejecutado. La Corte ha establecido que, en caso de que el crédito asignado no pueda ser recuperado, el deudor original está obligado a reembolsar al acreedor todos los gastos necesarios para la ejecución forzosa. Este principio se enmarca en el contexto normativo delineado por el Código de Procedimiento Civil, en particular en los artículos 95, 553 y en las disposiciones de la Corte Constitucional.
Gastos de registro del auto de asignación – Falta de cargo expreso – Imposibilidad de recuperación – Sujeto obligado al pago – Identificación. En materia de embargo de terceros, el coste de registro del auto de asignación, en ausencia de cargo expreso al ejecutado, si, por la insuficiencia del crédito asignado, no puede ser efectivamente recuperado, en todo o en parte, frente al tercero, recae por la diferencia en el deudor original, obligado a reembolsar al acreedor todos los gastos necesarios para la ejecución forzosa.
Esta sentencia tiene importantes implicaciones prácticas. De hecho, aclara que en el caso en que el tercero no pueda reembolsar el crédito por incapacidad económica, el deudor original no puede eludir el pago de los gastos. De este modo, se protege el derecho del acreedor a que se le reembolsen los gastos incurridos para la ejecución forzosa.
En conclusión, el auto n. 16027 de 2024 representa un paso importante para la claridad y la certeza en el derecho de las ejecuciones forzosas. Subraya la importancia de un adecuado cargo de los gastos y la responsabilidad del deudor original, contribuyendo a un sistema jurídico más equitativo y predecible. Es fundamental que los profesionales del sector legal y sus clientes comprendan estas dinámicas para abordar de la mejor manera las situaciones de embargo y recuperación de créditos.